Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid presentarán en la Junta de portavoces de hoy una propuesta de creación de una comisión de investigación relativa a la adquisición del antiguo colegio de El Salvador por 6,8 millones de euros para la construcción de la Ciudad de la Justicia.

Así lo ha anunciado hoy la presidenta del Grupo, Pilar del Olmo, quien lo primero que ha querido es aclarar que “el PP está favor de la Ciudad de la Justicia y creemos que la ubicación es buena”. Eso sí, ha manifestado que en el expediente “hay cosas que no quedan claras y es patente que el resultado de la gestión del equipo de Gobierno en este asunto genera un perjuicio patrimonial a las arcas municipales que no se encuentra justificado, por lo que proponemos la creación de una Comisión de Investigación sobre la adquisición de la parcela del antiguo colegio El Salvador”.

Además, ha añadido que la comisión se solicita “porque primero se iba a hacer una permuta, de la noche a la mañana nos encontramos con la compra y además con una celeridad que no entendemos cuando los PGE solo han aprobado 100.000 euros para el proyecto y no se va a hacer nada. Por todo ello, queremos saber las razones de todo lo que ha acontecido”.

Asimismo, la líder del PP ha presentado las dos mociones que llevaran al Pleno del próximo 2 de marzo. Por un lado, la que exigirá una mejora de la gestión del Ayuntamiento de Valladolid y por otro, la relativa a que la Ordenanza de Movilidad sirva para toda la ciudad.

Mejorar la gestión

Respecto a la primera, la edil ha criticado la gestión del equipo de Gobierno encabezado por Óscar Puente. “Desde el inicio de la presente legislatura, la gestión del equipo de Gobierno municipal ha empeorado paulatinamente. La atonía, dejadez, abandono, bruscos cambios sin explicación coherente y falsedades tiñen la gestión municipal” y ha añadido que “todo esto, lógicamente, tiene fiel reflejo en el mantenimiento de los servicios municipales”.

En este sentido, ha denunciado el estado de suciedad que presenta Valladolid, el descuido de sus parques y jardines, las plagas de ratas existentes en algunos barrios, así como la abundancia de malas hierbas. También ha hecho hincapié en la inseguridad creciente y ha recordado lo habituales que se han vuelto los reventones de tuberías y la incomodidad en la movilidad.

“Reflejo de esta pésima gestión es la baja ejecución presupuestaria. Del presupuesto definitivo de los años 2019, 2020 y 2021 se han dejado sin ejecutar cerca de 239 millones de euros y, en lo relativo a las inversiones, el 40 %”, sostiene Del Olmo, quien ha añadido que “la deuda viva del Ayuntamiento se ha disparado con este equipo de Gobierno. Así, de los más de 144 millones de deuda viva, 121 millones de deuda contraída por el actual Gobierno municipal”, afirma.

Por todo ello, la presidenta de los populares en el Consistorio ha informado de que instará al Gobierno municipal a que apruebe, de forma inmediata, un programa para mejorar la gestión y que, entre otras medidas, recoja, con respecto a la contratación de emergencia, que se proceda a dar publicidad de las adjudicaciones de estos contratos suscritos en la Plataforma de Contratación del Estado.

La misma moción incluye la solicitud para reprobar la desastrosa gestión de la entidad pública empresarial ADIF en la contratación y ejecución de las obras del túnel de Andrómeda. “La obra debería haber finalizado en 2018 y en febrero de 2022 se sigue aplazando su finalización. El propio alcalde calificó a la entidad pública ADIF como ‘boicoteadora’ en vez de cooperadora con el Ayuntamiento”, recuerda Pilar del Olmo.

Ordenanza de movilidad de la ciudad de Valladolid

En el pleno del 1 de febrero, el concejal del Área de Movilidad y Espacio Urbano manifestó que respetaba el fallo de la sentencia del Juzgado Contencioso- Administrativo número uno de Valladolid, que declaraba la nulidad del Decreto que implantaba dos carriles bici y 21 carriles bus taxi en la ciudad. También indicó que no estaba conforme con el fallo y anunció que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya se encontraban trabajando en su recurso.

Los populares insisten en que la sentencia es meridianamente clara: el Ayuntamiento de Valladolid debería de haber elaborado la correspondiente ordenanza de movilidad para regular las disposiciones que establecía el Decreto 5842/2021, puesto que estas intervenciones han producido un cambio sustancial del tráfico rodado en las zonas afectadas.

“Paradójicamente, después de indicar el Ayuntamiento que recurriría la sentencia, el concejal Luis Vélez anunció que iban a elaborar una ordenanza de movilidad para legalizar los dos carriles bici y los 21 carriles bus en la ciudad de Valladolid. Es decir, por un lado, el equipo de Gobierno decide recurrir la sentencia por estar en desacuerdo con ella y, por otro, anuncia que la acata a través de la redacción de una ordenanza ‘particular’ para salvar estas actuaciones. Todo un sinsentido”, ha manifestado la presidenta del PP en el Consistorio.

Por eso, solicitarán que se haga una Ordenanza que sirva para toda la ciudad y no solo para una zona determinada.