Junto a más de una treintena de alcaldes de municipios menores de 500 habitantes, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, junto a Lola Hernández y Pilar Martín, -miembros de la asesoría jurídica de la Institución- fueron los protagonistas de la jornada de presentación del nuevo modelo de servicio de defensa judicial del que pueden disponer los Ayuntamientos para resolver sus procesos jurídicos.

“El ADN de las Diputaciones provinciales es optimizar y mejorar en los servicios como es el que nos ocupa hoy, para dar apoyo y servicio a los municipios de menos de 500 habitantes que son unos 170 en la provincia que se podrán incorporar hasta el 31 de diciembre”, ha explicado Íscar durante su discurso en la jornada de presentación celebrada en el Espacio La Granja.

Hasta ahora este servicio “un apoyo tan importante para los ayuntamientos en todo lo que tiene que ver la asistencia para la defensa judicial se hacía a través del Colegio de Abogados, pero ahora damos un paso más para poder dar servicio y respuesta a las necesidades que tienen los ayuntamientos”, ha explicado Íscar.

Aunque este nuevo servicio jurídico lo podrán disfrutar todos los municipios de menos de 20.000 habitantes para “no colapsar”, la Diputación ha decidido incorporar primero a los municipios de menos de 500 habitantes, después se sumarán hasta el primer semestre de 2022 el resto de municipios de forma escalonada (en función del número de habitantes). Tal y como ha destaco Íscar, ya que se pretende adelantar esta incorporación de forma global a mediados del próximo ejercicio.

Tras la presentación del presidente de la Diputación, ha sido el turno de la letrada Lola Hernández, quien explicó a los presentes los casos prácticos en los que los ayuntamientos pueden hacer uso de este servicio de apoyo y asesoramiento jurídico. 

Casos prácticos

Actuaremos en los procesos contencioso administrativos, que son los que más se van a dar, seguramente sean en torno al 90% de las actuaciones que tengamos. También en el caso de que algún Ayuntamiento tenga un procedimiento civil menos habitual como pueden ser los relacionados con cuestiones de propiedades de fincas, edificios, arrendamientos, compraventas... Así como los procesos de jurisdicción laboral, demanda o despido, reclamación de cantidades, mejoras laborales y en casos mercantiles aunque es muy raro que se den este tipo de procedimientos especializados", ha señalado Hernández.

Durante la reunión además se ha puesto sobre la mesa los casos en los que este servicio jurídico de Diputación no va a intervenir, como denuncias entre miembros de la corporación, casos de injurias y calumnias o procesos similares con situación de conflicto.

Este nuevo modelo de defensa se venía haciendo por parte del Colegio de Abogados "a los que agradecemos su labor y con los que seguiremos trabajando, ahora damos un paso más con este servicio", ha puntualizado Íscar, ya que los letrados de la Diputación asumen de forma directa la representación y defensa en juicio de las entidades locales.

Este servicio creado en 1996 para dar respuesta a la dificultad que tenían pequeños ayuntamientos para contratar abogados, sustituirá a la asistencia que venía dando la Institución a través del convenio con el Colegio de Abogados de Valladolid. "Desde entonces han sido muchas las entidades locales que lo han usado y queremos ir más allá", ha finalizado Hernández

Sin costes

Este servicio no tiene costes judiciales y los gastos procesales operarán por parte de Diputación, que asumirá el esfuerzo económico. Tras el turno de Íscar y Hernández llegó el momento de la letrada Pilar Martín, quien explicó a los alcaldes asistentes la parte más procedimental de este servicio.

Realización de solicitudes, documentación a presentas, plazos y condiciones y tras la intervención se abrió el turno de ruegos y preguntas en las que los ediles han podido resolver las dudas durante la hora que ha durado la presentación de este servicio aprobado el pasado mes de mayo y del que ya pueden disfrutar los 170 municipios de menos de 500 habitantes.