Belén Izquierdo Hernández y Saturnino de Gregorio, concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria
El alcalde de Soria sigue sin dar explicaciones por los registros en el Ayuntamiento: el PPCyL se persona en la causa
Belén Izquierdo y Saturnino de Gregorio denuncian falta de transparencia, aseguran que pidieron información sobre Biosfera Soria ya en 2022 y elevan a más de 311.000 euros las operaciones con la empresa investigada entre 2020 y 2023.
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El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria ha exigido hoy explicaciones públicas al alcalde tras los registros judiciales practicados en el Consistorio en el marco de la operación Fuentona y ha anunciado, tal y como ya avanzó la portavoz popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, que el Partido Popular de Castilla y León se personará en la causa para poder acceder al expediente.
Los concejales Belén Izquierdo Hernández y Saturnino de Gregorio comparecieron en rueda de prensa para valorar la situación “desde el máximo respeto” a la actuación de la UCO, de la Guardia Civil, de la Justicia y al principio de presunción de inocencia.
Ahora bien, Izquierdo advirtió de que ese respeto “no puede convertirse en una excusa para el silencio político ni para la falta de explicaciones”.
“La responsabilidad penal la determinan los tribunales, pero la responsabilidad política consiste en dar explicaciones, rendir cuentas y ofrecer transparencia a los ciudadanos”, sostuvo la edil popular.
"Los sorianos tienen derecho a saber qué ha ocurrido"
El PP considera que los sorianos “tienen derecho a saber qué ha ocurrido, cómo, quién y cuándo se filtró la información del registro, qué ha fallado y qué medidas piensa adoptar el equipo de Gobierno para recuperar la confianza en el Ayuntamiento”.
Por ello, los populares reclaman al alcalde que comparezca públicamente y aclare qué conocimiento tenía el equipo de Gobierno de los hechos que se investigan y qué información recibió el Ayuntamiento antes de que se practicaran los registros judiciales.
Izquierdo explicó que, según les trasladó el propio Ayuntamiento, el Consistorio conocía el día anterior que se iban a practicar actuaciones judiciales.
Sin embargo, la concejala recordó que, de acuerdo con el comunicado del Tribunal Superior de Justicia, la autorización judicial únicamente informaba de que se llevarían a cabo actuaciones, sin concretar día ni hora.
“Resulta legítimo preguntar si el Ayuntamiento conocía que esas actuaciones se desarrollarían a primera hora del día siguiente”, señaló.
La edil aseguró que el Grupo Popular ya ha solicitado por escrito información sobre esa comunicación, su alcance, su procedencia y el momento exacto en el que fue recibida, pero todavía no ha obtenido respuesta.
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Años reclamando documentos sobre contratación municipal
Durante la comparecencia, Izquierdo también explicó que el PP lleva años solicitando documentación sobre la contratación municipal, entre ella el modelo 347, un documento de la Agencia Tributaria que recoge operaciones superiores a 3.005 euros.
Según afirmó, el Ayuntamiento les ha facilitado los modelos correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, pero les ha denegado los de 2024 y 2025 amparándose en la protección de datos.
Con la información recibida, el Grupo Popular sostiene que las operaciones con la empresa ahora investigada, Biosfera Soria S.L., ascendieron a 311.730,96 euros entre 2020 y 2023.
Izquierdo añadió además que la sociedad tiene cerrada su hoja registral desde el 29 de marzo de 2023 por incumplimiento de obligaciones mercantiles, ya que las últimas cuentas anuales depositadas corresponden al ejercicio 2020.
“Esta información es pública, objetiva, accesible para cualquier administración o ciudadano y gratuita”, remarcó.
Saturnino de Gregorio, por su parte, detalló que la contratación con Biosfera Soria figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público y que existen varios contratos menores adjudicados a la empresa, además de otros aprobados a través de la Junta de Gobierno Local.
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El concejal popular señaló que los contratos menores son inferiores a 15.000 euros y que también constan adjudicaciones de alrededor de 32.000, casi 37.000 y 61.000 euros.
De Gregorio quiso incidir en que el Grupo Popular ya había pedido información sobre esta empresa en 2022.
En concreto, aseguró que el 29 de noviembre de ese año solicitaron al entonces alcalde, Carlos Martínez, documentación relativa a un expediente de contratación, incluida la escritura de constitución de Biosfera Soria S.L. y sus posibles modificaciones.
El objetivo, según explicó, era conocer quiénes eran los socios de la mercantil.
“No se nos ha facilitado esa documentación”, lamentó.
El edil indicó que, a través del Registro Mercantil, sí pudieron comprobar los administradores que constaban hasta 2023 y que una concejala del Ayuntamiento -Yolanda Santos- figuró como administradora de la empresa hasta el 13 de junio de 2019.
De Gregorio insistió, no obstante, en que no corresponde ahora “lucubrar ni sospechar”, sino dejar trabajar a los juzgados, a la Policía Judicial, a la UCO y al resto de instituciones implicadas.
“Hoy no es el momento de condenas anticipadas. Es el momento de pedir transparencia, explicaciones y responsabilidades políticas”, añadió Izquierdo.
El PP anunció que se personará en la causa para tener acceso al expediente, actualmente bajo secreto de sumario, y poder analizar la documentación cuando sea posible.
Carlos Martínez "siempre ha presumido de control férreo" en el Ayuntamiento
“No somos los denunciantes”, aclararon los populares, que aseguraron que, según se ha publicado, el origen de la denuncia estaría en una empresa.
Preguntados por las posibles responsabilidades políticas del exalcalde Carlos Martínez, De Gregorio recordó que el dirigente socialista “siempre ha presumido del control férreo” sobre lo que ocurría en el Ayuntamiento.
“Pues parece que tan férreo no era. Algo se le ha escapado, porque aquí ha entrado la UCO”, afirmó.
Aun así, el concejal reiteró que el PP esperará a conocer el contenido del expediente antes de realizar valoraciones más profundas.
Sobre los contratos adjudicados a Biosfera Soria, De Gregorio reconoció que no se trata de cantidades especialmente elevadas, aunque apuntó que algunos contratos menores podrían haberse solapado en el tiempo.
En ese sentido, citó como ejemplo la gestión de la Lonja, al considerar que determinados servicios no deberían concatenarse mediante contratos menores para una misma finalidad, sino tramitarse mediante un procedimiento abierto.
El Grupo Popular defendió que su papel es ejercer la labor de control que le han encomendado los ciudadanos.
Y reprochó al equipo de Gobierno que presuma de transparencia mientras, a su juicio, limita el acceso a determinada documentación cuando la oposición intensifica su fiscalización.
“Presumimos de transparencia, pero cuando empezamos a hacer nuestra labor de control de una forma más férrea, se nos limita el acceso a la información”, concluyó Izquierdo.
