El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno ICAL
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Carriedo asegura que la investigación judicial abierta no afectará al desarrollo de los proyectos sanitarios en la provincia y que en "unos días" se conocerá a los sustitutos de los dimitidos.
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La Junta de Castilla y León asegura que la investigación judicial abierta sobre el ya exgerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y el responsable del área Económica, Óscar Pérez, no afectará al desarrollo de los proyectos sanitarios en la provincia.
Eso sí, de momento se desconoce cuánto dinero podría estar implicado en este caso que ha salpicado a la gerencia sanitaria de Soria.
Así lo afirma el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde garantiza la “normalidad” en el funcionamiento de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, tanto en el ámbito asistencial como en el administrativo.
Carriedo explica que, tras el cese publicado este mismo jueves, la estructura de la gerencia continúa operando con normalidad siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de situaciones.
El portavoz reconoció además que el Ejecutivo autonómico no conoce todavía con exactitud las causas y circunstancias que han motivado el proceso judicial.
Por ello, indicó que no es posible por el momento realizar una valoración detallada ni cuantificar si ha existido una posible afectación a fondos públicos.
De forma provisional, la directora médica ha asumido las funciones de gerencia hasta que la Junta realice, previsiblemente en los próximos días, los nombramientos del nuevo gerente y del responsable del área económica.
El portavoz insiste en que todos los proyectos sanitarios previstos en la provincia seguirán adelante y que la actividad del sistema sanitario no se verá alterada por el proceso judicial.
En ese sentido, también señala que se aplican los mismos criterios que en cualquier otra situación de ausencia temporal de un responsable.
Respecto a la investigación judicial en curso, Carriedo subrayó que se trata de un procedimiento abierto en sede judicial y que la Junta mantiene una postura de respeto institucional.
“Nuestra posición es respetar el procedimiento y colaborar en todo aquello que se nos demande para que avance la investigación”, afirmó.
Sin auditoría externa
“Cuando se conozcan todos los detalles podremos hacer un análisis con mayor precisión y determinar, en su caso, el importe del que estamos hablando”, señaló.
En cualquier caso, Carriedo reiteró la disposición de la Junta a colaborar con la Justicia aportando documentación o cualquier otro elemento que pueda resultar de interés para el desarrollo de la investigación.
Sobre la posibilidad de realizar una auditoría externa de las cuentas, el portavoz recuerda que actualmente existe una investigación judicial abierta y que la prioridad es facilitar el trabajo de los órganos judiciales.
