El ex-procurador socialista, José Luis Vázquez convoca a los medios tras su dimisión. En la foto, acompañado por el secretario provincial, José Luis Aceves ICAL
La Justicia mantiene la causa contra el exprocurador del PSOE José Luis Vázquez por prevaricación y malversación
El Tribunal de Instancia 5 de Segovia mantiene el procedimiento contra el exalcalde de La Granja y archiva la investigación sobre el actual regidor, Samuel Alonso.
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Avanza la investigación judicial sobre la gestión del exprocurador socialista José Luis Vázquez al frente del Ayuntamiento del municipio segoviano del Real Sitio de San Ildefonso.
El Tribunal de Instancia 5 de Segovia ha acordado continuar las diligencias contra el exalcalde por los trámites del procedimiento abreviado, al considerar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La decisión afecta a Vázquez, quien fue alcalde de La Granja entre 2007 y 2019, cuya gestión municipal lleva años bajo investigación.
En concreto, la magistrada aprecia indicios que justifican mantener abierta la causa por determinados nombramientos de empleados municipales, la asignación de funciones y retribuciones, la contratación de algunos servicios y la ordenación de pagos pese a los reparos formulados por la Intervención municipal.
A ello se suman, según recoge el auto, "otras diversas decisiones" adoptadas durante el periodo en el que Vázquez estuvo al frente del Consistorio.
La Fiscalía deberá decidir si acusa
Con las diligencias practicadas hasta el momento, el tribunal considera concluida esta fase de la investigación y acuerda continuar el procedimiento abreviado.
El siguiente movimiento corresponde ahora al Ministerio Fiscal, al que se dará traslado de las actuaciones para que determine cómo procede continuar la causa.
La Fiscalía podrá solicitar la apertura de juicio oral mediante la presentación de un escrito de acusación, interesar el sobreseimiento del procedimiento o, de manera excepcional, pedir la práctica de diligencias complementarias antes de adoptar una decisión.
La causa tiene su origen en una investigación iniciada en 2023 y que puso bajo la lupa una pluralidad de actuaciones desarrolladas durante varios años en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.
Entre los hechos investigados figuraban nombramientos de personal y adjudicaciones de servicios supuestamente efectuados sin los correspondientes procedimientos públicos, así como el pago de subvenciones, facturas o gastos pese a las objeciones planteadas por la Intervención.
La investigación sobre Vázquez llegó incluso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuando este ostentaba la condición de procurador autonómico y, por tanto, estaba aforado.
Entonces, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con informe favorable de la Fiscalía, aceptó la exposición razonada remitida desde Segovia al apreciar indicios para investigar posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Vázquez defendió desde el primer momento su inocencia y rechazó abandonar sus responsabilidades políticas, si bien finalmente se vio obligado a dimitir.
Sostuvo que "nada" de lo realizado durante sus doce años como alcalde estuvo "al margen de la consideración legal" y aseguró que las decisiones cuestionadas tuvieron como objetivo mantener los servicios municipales y el empleo.
Archivo para Samuel Alonso
El auto conocido ahora deja, sin embargo, fuera de la causa al actual alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso.
La magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones abiertas contra el regidor al considerar que no existen indicios suficientes de su participación en los hechos investigados.
En relación con el posible delito de falsedad documental que inicialmente se le atribuía, el tribunal concluye que no existen elementos que permitan sostener que los informes emitidos por Alonso incluyeran afirmaciones contrarias a la realidad.
Tampoco aprecia indicios de que esos documentos hubieran servido para realizar los nombramientos de personal que están siendo objeto de investigación.
La resolución llega a la misma conclusión respecto a los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación.
Según la magistrada, no ha quedado acreditado que el actual alcalde suscribiera los contratos investigados ni que conociera una eventual ilegalidad de los mismos cuando, ya durante su mandato, se realizaron pagos derivados de esas contrataciones.
La resolución todavía no es firme. Contra ella cabe recurso de reforma ante el propio tribunal y, subsidiariamente, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Segovia, o bien acudir directamente a la apelación.
