Este jueves se ha celebrado la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de abril en la Diputación de Segovia. En ella, se ha aprobado el expediente de contratación del servicio de ayuda a domicilio, que supone una inversión de más de 30 millones de euros para los próximos cinco años.

Tal y como ha explicado el presidente, Miguel Ángel de Vicente, la licitación saldrá con un precio de 21,25 €/hora (IVA excluido). Una cifra que está por encima de la media de otras corporaciones locales de la Comunidad, para una previsión inicial de 230.000 horas anuales de prestación del servicio, lo que supone que, para una vigencia inicial de dos años (con posibilidad de prórroga), el presupuesto base de licitación sea de 10.166.000 euros en total.

Los pliegos aprobados que regulan la contratación recogen las mejoras dispuestas en el nuevo Convenio Colectivo Regional de Castilla y León para la actividad de Ayuda a Domicilio, incluida la subida salarial, así como el precio del kilometraje a 0,26 €/km y la disminución de la ratio de usuarios por coordinador. Con esta licitación, por tanto, “la Diputación pretende corregir la desigualdad retributiva creada en el Convenio Colectivo que establecía dos tablas salariales, cumpliendo su compromiso con el colectivo laboral de Ayuda a Domicilio, poniendo en valor el trabajo que realizan como pilar principal para una prestación eficaz del servicio que redunde en el bienestar de las personas usuarias”.

Sin embargo, este pliego técnico sólo ha contado con el favor del grupo popular, ya que el resto de grupos se han abstenido, manifestado el portavoz del grupo socialista, Máximo San Macario que “está sometido a muchas interpretaciones”. En este sentido, el presidente lo ha definido como un pliego “de carácter eminentemente social que va a mejorar las condiciones del personal auxiliar pues aumenta el salario un 25% y que recoge una cantidad por kilometraje superior a lo estipulado en el Convenio, entre otras mejoras que eliminan dicotomías para evitar ambigüedades e interpretaciones”.

Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia

El pleno ha dado luz verde a las bases del Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia, con los votos en contra del PSOE, la abstención de la diputada del grupo mixto - IU y los votos a favor de los 15 miembros del grupo popular y el diputado de Vox; que se convoca con carácter bianual al objeto de financiar a los ayuntamientos obras de competencia municipal que sean necesarias para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad en los pueblos de la provincia. El PESE cuenta con un Presupuesto de 4,2 millones de euros provenientes de fondos propios de la Diputación, a lo que se sumará el 30% que aporten los ayuntamientos, lo que redundará en una inversión total de 6 millones de euros.

La diputada de IU Ana Peñalosa se ha manifestado “a favor de este Plan, pero creemos que no debe quedar a expensas de las posibilidades de los municipios, sino que la Diputación debe financiar el 100% de estas obras tan importantes para la sostenibilidad”. Por su parte, San Macario ha valorado que “haya más plazo en la ejecución de las obras y que se puedan hacer varias intervenciones, pero pensamos que la cantidad que aportan los pueblos debería ser proporcional a su población”. En su réplica, el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo ha asegurado que el Plan “ya está valorado para que los pueblos puedan soportar las inversiones, de hecho, no hay ningún ayuntamiento que se queje por la aportación y tampoco hay muchas peticiones a la Caja Provincial de Cooperación” y ha insistido en que “las bases están estudiadas para que ningún ayuntamiento se quede fuera”.

Otro de los puntos del orden del día ha sido la creación del puesto de trabajo de director técnico del Sepeis de la Diputación, cuyo titular ejercerá la supervisión y mando de todo lo relativo al Área Técnica y a sus subáreas dependientes (operativa, mantenimiento y reparaciones, comunicaciones, formación, riesgos laborales, compras, etc.) y demás funciones asignadas al puesto a través de la descripción del mismo. Este puesto, que será por libre designación, se reserva para su desempeño a personal funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas perteneciente a los subgrupos comprendidos entre el A2 y el C1, y a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios de Administración Local o Cuerpo o Escala equivalente de Extinción de Incendios de cualquiera de las Administraciones Públicas.

En este punto, el diputado socialista José Antonio Mateo ha aprovechado para arremeter contra la gestión de la puesta en marcha del SEPEIS, argumentando “retraso, falta de planificación y no han contado con nosotros para nada”. También ha expresado su inquietud sobre “qué piensan el resto de funcionarios C1 de la Diputación”. Por su parte, el diputado de Administración General, Recursos Humanos y Gobierno Interior, Jaime Pérez, ha asegurado que “no han entendido nada de cómo se va desarrollando este servicio y lo que plantean son argumentos falaces, pues el servicio avanza con la prudencia que requiere, sin improvisaciones y ustedes en este tiempo no han hecho más que poner palos en las ruedas”. Además, Pérez ha explicado que la asignación salarial del puesto “viene dada por el entorno y lo que piensan los C1 ha quedado clarísimo porque todo se ha hablado con los representantes de Personal que no han modificado ni una coma porque sí tienen conocimiento de la situación extraordinaria a diferencia de ustedes, y son conscientes de que es necesario plantearlo de esta manera”.  Tras el debate, la modificación de la RPT ha quedado aprobada con los quince votos a favor del grupo popular, ocho en contra del grupo socialista y dos abstenciones del grupo mixto.

Mociones

El turno de mociones ha comenzado con la propuesta conjunta de Izquierda Unida y PSOE para instar a la Junta de Castilla y León a declarar área tensionada de alquiler a los municipios afectados de la provincia “porque hay municipios en los que los precios del alquiler son absolutamente desorbitados”, ha señalado la portavoz del grupo mixto – IU, Ana Peñalosa. Además, han solicitado que la administración regional ponga en marcha canales de información sobre medidas fiscales, eficaces y eficientes, dirigidas a favorecer la función social que puede desempeñar la vivienda deshabitada; así como que la Diputación de Segovia inicie los trabajos y gestiones necesarios con otras administraciones públicas para desarrollar en la provincia planes de vivienda protegida y planes de construcción de vivienda social pública, tanto en régimen de arrendamiento como en régimen de propiedad, porque, según ha manifestado el diputado socialista, Carlos Fraile “todos somos conscientes de que el acceso a la vivienda de los jóvenes cada vez es más difícil”. Esta propuesta se ha encontrado con el rechazo frontal de PP y Vox, pues, tal y como ha defendido Pedro Varela “ustedes han aprobado una Ley de vivienda nefasta que ha agravado más los problemas del acceso a la vivienda. Su remedio, además, es totalmente erróneo y aumenta la inseguridad jurídica y a la hora de presentar mociones, ni siquiera hacen bien los números. No intervengan el precio del alquiler, bajen los impuestos para que haya más oferta”. Por su parte, el portavoz popular, José María Bravo ha recordado que “cada vez que se interviene en un mercado de estas características, se han ido multiplicando los precios en el alquiler, por eso les digo que no hagan tantas leyes y pongan más dinero para ladrillos, porque el Gobierno ha prometido viviendas sociales y no ha construido ninguna, sin embargo, la Junta sí ha puesto presupuesto y se está haciendo mucho en la provincia con para dar oferta a esa demanda”.

Por otro lado, el grupo socialista ha planteado establecer ayudas dirigidas a los ayuntamientos para el mantenimiento de los consultorios locales de atención primaria y adquisición de material con cargo a remanentes de Tesorería. Tan sólo ha contado con el apoyo de la diputada de IU, mientras que PP y Vox han votado en contra “porque se empeñan en meterse en las competencias de los ayuntamientos, que van más allá de organizar fiestas”. 

Y, por último, han solicitado la elaboración de un Plan Provincial de Turismo Escolar para desarrollar programas y actividades turísticas dirigidas a los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato, al que se dote económicamente que sólo ha contado con el apoyo de Izquierda Unida, la abstención de Vox y los quince votos en contra del grupo popular.