La Guardia Civil ha detenido a nueve miembros de una organización internacional delictiva, uno de ellos en la provincia de Segovia, que se dedicaba al blanqueo de capitales del narcotráfico y del tráfico ilícito de vehículos de alta gama. La organización contaba con un entramado de al menos 10 empresas, algunas ubicadas en Bélgica y Reino Unido, en el que se combinaban sociedades con actividad real con otras instrumentales, lo que dificultó la investigación.

La estructura empresarial se utilizaba para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas y, para ello, usaban testaferros, transferencias de cantidades inferiores a las que se vigilan, facturas falsas, operaciones inmobiliarias irregulaes, cambios de administradores y pago de bienes y servicios a través de cuentas ubicadas fuera del país.

Los detenidos llevaban a cabo sus actividades criminales en las provincias de Segovia, Madrid, Cantabria y Vizcaya y tenían repartidas las tareas: la dirección supervisaba la estructura mercantil y sus subordinados distribuían las drogas y traficaban con los vehículos. La Guardia Civil ha llevado a cabo un total de 12 registros en estas provincias y se ha incautado de 13.700 euros, 37 teléfonos móviles, de multitud de máquinas envasadoras al vacío ydos plantaciones de cannabis sativa además de drogas, de placas de matrículas sustraídas y de dos armas cortas.

También han sido incautados por el Instituto Armado 14 coches de alta gama que habían sido sustraídos y modificados con el objetivo de ser introducidos con una apariencia legal en el mercado. Dos de ellos, además, contaban con dobles fondos para transportar drogas. La Guardia Civil ha bloqueado 30 cuentas bancarias.

Al grupo se le atribuyen delitos de blanqueo de capitales, estafa, delitos contra la salud pública, robo con fuerza, revelación de secretos, apropiación indebida, receptación, defraudación de fluido eléctrico, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, delitos contra la seguridad social y organización criminal.

El grupo usaba para sus mensajes mensajería cifrada para dificultar ser interceptados por los cuerpos policiales y cambiaban de forma habitual los terminales móviles. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de
Vizcaya junto con el Equipo Territorial del municipio cántabro de Castro Urdiales y ha contado con el apoyo de Europol.