La Comisión Europea va a iniciar una investigación oficial sobre la actual concesión del peaje de la AP-6 y sobre la situación de seguridad vial de la travesía de San Rafael, tal y como lo confirmó la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la Plataforma ‘Solución a la Travesía de San Rafael’, tras haberse admitido a trámite la denuncia interpuesta el pasado diciembre. Con esta investigación, confían en que se pueda poner luz “en las graves irregularidades” cometidas por los sucesivos gobiernos “de diferente color político”.

Concretamente, la investigación de la Comisión Europea va a centrarse en el posible incumplimiento por parte “tanto del Reino de España como de la propia Comisión Europea en la ejecución de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 22 de abril de 2010, la cual declaró ilegales las actuales concesiones de peaje de las autopistas AP- 6, AP-51 y AP-61 que datan del año 1999”, según el comunicado de prensa emitido por la plataforma.

Además, explicó que también se va a investigar, en el marco de la petición admitida, las consecuencias que ello genera en la grave y perenne situación vial de las travesías de San Rafael, por la carretera nacional 6 y 603, ante la cual el Gobierno de España lleva cometiendo una clara dejación de funciones al no haber realizado una solución tras casi 20 años de continuas peticiones y promesas, así como la desigualdad de derechos con Guadarrama (Madrid), que sí goza de una variante a la AP-6, ejecutada por el Gobierno en el año 2004, es decir, hace casi la friolera de 20 años.

En la denuncia también se detalla cómo el incumplimiento por parte de España y de la propia Comisión Europea de la sentencia del TJUE ha provocado una situación jurídica completamente enrevesada y perjudicial para el Estado y que únicamente beneficia a la empresa concesionaria.

Desde la plataforma recordaron que, según el Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo, tal y como denunciaron ante la Unión Europea, “ejecuta a nuestro entender ilegalmente la sentencia del TJUE, en vez de haberse liberalizado los peajes de las autopistas AP- 6, AP-51 y AP-61, en 2018, tal y como correspondía con la primera adjudicación de 1968, así como ha sucedido con otras muchas autopistas en España, se ha tenido que realizar una reducción del periodo concesionaria de 7 años sobre la prórroga ya condenada de estas concesiones de 1999.

La consecuencia es que el Estado deberá de indemnizar multimillonariamente a la actual concesionaria por la reducción de esos 7 años con una cifra que se aventura astronómica y que, a preguntas parlamentarias, el Gobierno ha respondido que aún no ha cuantificado. Además, de estos años restados al periodo concesional, deberán de volverse a licitar públicamente, llevando el final de estos peajes al año 2036, en vez de 2018, y “para colmo”, denunciaron, “la actual empresa concesionaria, además de ser indemnizada multimillonariamente, probablemente podrá concursar”.

La consecuencia es que, en caso de ganar la licitación, se vería beneficiada por dos veces por exactamente el mismo periodo de explotación. “Un ejemplo más de cómo los sucesivos Gobiernos han legislado con el único objetivo de beneficiar a la concesionaria de estos peajes a costa de millonarias pérdidas para el contribuyente y de los problemas que estos peajes ocasionan para sus alternativas gratuitas como en el caso de la travesía de San Rafael”, valoraron desde la plataforma.

Desde la misma, esperan que esta investigación, por parte de la Unión Europea, sirva “para poner luz en las graves irregularidades que durante décadas se han cometido por los sucesivos gobiernos de diferente color político, con el único objetivo de beneficiar a la concesionaria de la AP- 6 para que siga explotando sine die un multimillonario peaje que comenzó en el año 1968, y no de velar por los intereses generales de los miles de vecinos que deben de sufrir diariamente el ingente tráfico en las alternativas gratuitas a dicho peaje”.

En su opinión, se está viendo como de nuevo otro Gobierno más acaba su mandato sin que se ponga solución al grave problema vial que sufre San Rafael, y manifestaron que se niegan a acostumbrarse a ello, por lo que seguirán “luchando frente a la indiferencia de nuestras instituciones políticas a este problema, desde el nivel local hasta el nivel nacional”, además de preguntarse “cuántos accidentes y víctimas más hacen falta para que se ponga solución a la situación vial de la travesía de San Rafael”.