Montaje de imágenes cedidas por el censor cinegético y miembro de la sociedad deportiva de cazadores de Villares de la Reina, José Luís López.
Tiros de escopeta cerca de colegios y parques en Salamanca: "Matamos 400 palomas, es un servicio público"
Vecinos y ecologistas denuncian disparos junto a colegios, parques y carriles bici, mientras cazadores y agricultores defienden las batidas autorizadas para salvar sus cosechas de lentejas en La Armuña.
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El norte de la capital charra y el comienzo del término municipal de Villares de la Reina se han convertido en un auténtico polvorín donde se cruzan los estruendos de los cartuchos, el miedo de los vecinos y un laberinto de papeles oficiales que nadie parece querer ordenar.
Lo que sobre el mapa es una difusa línea fronteriza entre el campo y la ciudad es, en el día a día, un corredor verde utilizado por centenares de familias, ciclistas y escolares que, especialmente durante los meses de verano, conviven con el eco constante de las escopetas.
La tensión vecinal ha ido en aumento a medida que los perdigones y las detonaciones se han aproximado a zonas densamente pobladas.
Desde la asociación animalista Adoptamiaus Protección Animal, en un frente común con el Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca y la agrupación Adopta una Vida, denuncian que la situación ha rebasado los límites de lo tolerable.
Según estas organizaciones, los disparos no solo se escuchan con total nitidez desde las viviendas, sino que en ocasiones los plomos han alcanzado áreas urbanas de gran tránsito, como la urbanización de Las Bizarricas, el entorno del parque Würzburg, y las inmediaciones del icónico 'volcán' de Garrido.
Parque Wüzburg.
Las quejas de los colectivos ponen el foco con especial preocupación en la zona alta del barrio de Garrido.
En este sector se levanta el colegio concertado Montessori, un centro escolar de referencia en la ciudad por cuyas aulas pasaron, precisamente, las hijas del actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Los denunciantes lamentan el riesgo que supone el uso de armas de fuego real a tan poca distancia de entornos educativos e instalaciones deportivas, y exigen que la administración autonómica aplique de forma urgente una ampliación de las Zonas de Seguridad previstas en la Ley de Caza para declarar este pasillo periurbano libre de pólvora.
Sin embargo, detrás del gatillo no hay cazadores de fin de semana buscando recreo, sino agricultores locales desesperados por salvar su medio de vida.
José Luis López, propietario de tierras en la zona, censor cinegético y miembro de la sociedad deportiva de cazadores de Villares de la Reina, humaniza la postura de un colectivo que se siente criminalizado.
"Nosotros no somos un coto privado que busca colgarse medallas; somos los dueños de las tierras que vemos cómo se arruinan las cosechas", explica con rotundidad. El problema se concentra en el corazón de La Armuña, una tierra famosa por la calidad de sus legumbres con Denominación de Origen.
El enemigo de estos agricultores es una población de palomas que ha crecido sin control en el casco urbano de Salamanca y que ha encontrado en los campos de cultivo su particular bufé libre.
"Cada paloma sale por la mañana de su nido en la ciudad y se viene a las tierras de lentejas y garbanzos. Hemos calculado que hacen entre ocho y diez viajes diarios", relata López.
Para comprobar la magnitud del daño, el agricultor ha llegado a examinar el buche de las piezas abatidas.
"Te encuentras entre 250 y 300 gramos de lentejas por viaje. Un bando de ochenta o cien palomas repitiendo el trayecto todo el día es un desastre absoluto para el campo. Crían en la ciudad desde febrero porque no tienen depredadores y la situación nos desborda".
López defiende que la actividad de la sociedad está totalmente regulada y fiscalizada, hasta el punto de que el propio presidente del coto de Villares es miembro de la Guardia Civil.
"La Guardia Civil, el SEPRONA y los agentes forestales están siempre detrás de cada trámite. Nos conceden permisos especiales de control de plagas en junio porque la Junta sabe perfectamente el daño que se está haciendo, cuando la veda ordinaria no abre hasta finales de agosto. Yo mismo he llegado a abatir 600 palomas en una temporada y 800 en la anterior", afirma.
José Luis López recalca el enorme esfuerzo económico que asumen los propios agricultores y cazadores locales para atajar este problema, recordando que, lejos de ser un pasatiempo, lo que realizan en los campos de Villares es una labor en beneficio de la comunidad.
"Estamos haciendo un servicio público, algo que los animalistas no ven porque se piensan que solo vamos a matar", defiende con vehemencia el censor cinegético, quien pone cifras al desembolso que sale directamente de sus bolsillos.
"Una caja de cartuchos cuesta doce euros. Yo, entre los meses de junio y julio, gasto fácilmente siete u ocho cajones de cartuchos, lo que me supone entre 500 y 600 euros de mi propio dinero para realizar gratis una gestión de control de plagas por la que, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Salamanca cobra un dineral a las empresas privadas".
Al tiempo que califica de "imposible" que los perdigones alcancen el casco urbano si se dispara hacia el cielo y con el alcance limitado de sus escopetas.
"El campo y los caminos son de los agricultores, y muchas veces la gente se mete por mitad de las parcelas sembradas con los perros sueltos, lo cual está prohibido", zanja.
A pesar de las razones agrarias, el conflicto se enfanga en los despachos de las administraciones, donde reina, según los colectivos denunciantes una llamativa falta de transparencia.
El Ayuntamiento de Villares de la Reina llegó a reconocer por escrito que carece de un expediente administrativo formal sobre estas cacerías, limitándose a abonar facturas a una empresa privada por la retirada de aves.
Según la asociación Adoptamiaus Protección Animal, la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca ha vetado a las asociaciones ecologistas el acceso al expediente del coto alegando que no son parte interesada, ignorando las peticiones de los colectivos que exigen métodos éticos y proporcionados de control urbano que no impliquen disparar a las puertas de los barrios salmantinos.
