Guerra al vandalismo en Ciudad Rodrigo: multas de hasta 3.000 euros y riesgo de cárcel por pintar en la Muralla

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo activa un servicio de limpieza de urgencia con chorro de arena tras los actos vandálicos contra su muralla y advierte de que el coste de la restauración, que supone un delito contra el patrimonio, recae directamente en el bolsillo de todos los vecinos.

Ciudad Rodrigo ha dicho basta al incivismo que atenta contra una de sus joyas más preciadas.

Una empresa especializada en este tipo de pintadas ha procedido esta misma mañana a la limpieza y eliminación de los grafitis que en los últimos días habían aparecido en distintos puntos del conjunto de la Muralla, declarada Bien de Interés Cultural.

Rubén Benito, concejal delegado de Policía Local, movilidad, sostenibilidad ambiental, salud pública, aseo urbano y alumbrado público, ha querido poner el foco también en el "daño invisible" que suponen estos actos.

Los trabajos se han ejecutado mediante la técnica de 'chorro de arena a alta presión' para devolver el esplendor a los sillares dañados por los vándalos.

La ofensiva municipal contra este tipo de vandalismo no quedará solo en la limpieza, ya que la actual Ordenanza de Aseo Urbano y Protección de Bienes establece sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros en el caso de infracciones muy graves cometidas dentro del Conjunto Histórico.

Para aquellas pintadas realizadas en otros puntos de la ciudad, las multas alcanzarían el límite de los 1.500 euros.

Recordando que la factura de estas limpiezas especiales la pagan todos los ciudadanos con sus impuestos, desviando un dinero que podría destinarse a la mejora de parques, servicios básicos o actividades culturales en lugar de a reparar destrozos totalmente innecesarios.

El castigo para los grafiteros puede ir mucho más allá de la multa económica. Al tratarse de un recinto amurallado considerado Bien de Interés Cultural (BIC), estos ataques pueden constituir un delito de daños contra el patrimonio histórico recogido en el artículo 323 del Código Penal.

Los responsables pueden enfrentarse incluso a penas de prisión.

Desde el Ayuntamiento advierten que perseguirá penalmente cualquier agresión al patrimonio de la ciudad.