Imagen de los tres diputados del PP por la provincia de Salamanca.
El PP lleva el ERE de Majorel al Congreso y pide proteger a los trabajadores: “La mayoría son mujeres con cargas familiares”
El ERE podría tener graves consecuencias sociales en la provincia de Salamanca debido al menor dinamismo laboral respecto a otros núcleos de población, según el Partido Popular.
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El Partido Popular ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno que refuerce la vigilancia sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la empresa Majorel y que se protejan al máximo los derechos de los trabajadores afectados.
La iniciativa se debatirá en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y responde a la preocupación generada por el nuevo proceso de ajuste laboral anunciado por la compañía, que prevé la salida de 239 empleados en todo el país.
El impacto es especialmente significativo en Salamanca, donde habitan 169 trabajadores afectados, lo que, según advierte el PP en su propuesta, podría tener graves consecuencias sociales debido a su menor dinamismo laboral respecto a otros grandes núcleos de población urbana.
Mujeres de entre 35 y 55 años, con cargas familiares
En la iniciativa registrada en la Cámara Baja, los populares destacan que el perfil de la plantilla incrementa la preocupación sobre las posibilidades de recolocación.
La mayoría de los trabajadores son mujeres de entre 35 y 55 años, con cargas familiares, una antigüedad media de entre 15 y 20 años y una experiencia profesional muy especializada dentro del sector.
A esta situación se suman, según recoge la PNL, los despidos individuales producidos el pasado año, muchos de los cuales terminaron siendo reconocidos como improcedentes durante la fase de mediación.
Ante este escenario, el Grupo Popular solicita al Gobierno que refuerce el seguimiento institucional del ERE para garantizar que las causas alegadas por la empresa se ajustan a la legalidad y que el procedimiento se desarrolla con todas las garantías para los trabajadores.
Entre otras medidas, la propuesta plantea que el Ejecutivo supervise el periodo de consultas, realice advertencias o recomendaciones cuando sea necesario y, si las partes lo solicitan, actúe como mediador para favorecer acuerdos que reduzcan el impacto sobre el empleo.
Además, piden impulsar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los centros afectados para comprobar que la documentación presentada por la empresa se ajusta a lo exigido por la legislación laboral.
Plan de acompañamiento y recolocación
La iniciativa también propone diseñar, en coordinación con las comunidades autónomas y los servicios públicos de empleo, un plan específico de acompañamiento, recualificación y recolocación para las personas afectadas por el expediente.
Este programa debería prestar especial atención a los colectivos de mayor edad, a las mujeres y a los territorios con mayores dificultades de absorción laboral, como es el caso de Salamanca.
El PP plantea la creación de una comisión de seguimiento que permita coordinar a las administraciones territoriales y a los agentes sociales con el objetivo de apoyar a los trabajadores afectados y minimizar el impacto económico y social del proceso de reestructuración.
