Bomberos de la Diputación de Salamanca

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Salamanca

Denuncian la grave situación que padece el Servicio de Bomberos de la Diputación de Salamanca

UGT Servicios Públicos se adhiere a la queja planteada por los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Salamanca

2 junio, 2023 10:01

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Si días atrás fue la Justicia quien daba un varapalo a la Diputación de Salamanca con la suspensión cautelar de un Decreto de la Presidencia, en esta ocasión es UGT Servicios Públicos quien denuncia la grave situación que padece el Servicio de Bomberos de la Diputación de Salamanca, con "una plantilla insuficiente e incompleta, con una formación mediocre e incompleta, que se imparte a bomberos de nuevo ingreso, sin protocolos operativos que establezcan una forma de trabajo que los pone en riesgo y precariza el servicio que prestan".

De esta manera, UGT Servicios Públicos se adhiere a la queja planteada por los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Salamanca y que revela que la situación se remonta a octubre de 2022.

La situación de este servicio es "muy preocupante", con una plantilla insuficiente de 26 bomberos que se reparten en los cuatro parques principales. Los Bomberos han advertido a UGT Servicios Públicos de que en zonas como Vitigudino "únicamente está presente, en el mejor de los casos, un solo bombero; quedando por tanto la comarca desprotegida de forma habitual".

Además, en la actualidad hay numerosas vacantes debido a las degradantes e inasumibles condiciones laborales que está provocando un goteo constante de renuncias. Como consecuencia, varios turnos están quedando sin la presencia de bomberos de la Diputación como marca la ley, al estar la plantilla incompleta.

Para UGľ Servicios Públicos también es preocupante la falta de protocolos operativos que establezcan la forma de trabajo paia optimizar las diferentes intervenciones, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano y riesgo labial para los intervinientes. Y tampoco existe una jerarquía clara ni un mando operativo eficiente que pueda coordinar las emergencias que se producen en la provincia, como marca la ley.

Por ello, desde los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y UGľ Servicios Públicos se señala que la Diputación de Salamanca, en lugar de apostar por un servicio de bomberos profesional que garantice la seguridad de los salmantinos de su provincia y que se ajuste a la legalidad, está repartiendo grandes partidas económicas en empiezas y en asociaciones de “bomberos pseudovoluntaíios” que cobran por sus intervenciones.

Al mismo tiempo, se ha demostrado el conflicto interno provocado por el sistema de gestión indirecta “píivatización” implantado en la provincia de Salamanca, pues en un mismo parque de bomberos se encuentran funcionarios de la Diputación, bomberos de Ayuntamiento (en el caso de Béjar) y colaboradores de extinción de incendios (en el caso del personal de empresa concesionaria o “voluntaíios”). Esto genera diferencia de horarios y condiciones de trabajo, así como diferentes formas de actuación en la intervención en emergencias, lo que implica una descoordinación alarmante. La Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León establece que los bomberos profesionales, funcionarios, son agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, por lo que cuando los bomberos de empresas o voluntarios (colaboradores de extinción de incendios según indica la citada Ley) realizan funciones que no les pertenecen se está incumpliendo la ley.

Esta situación se ha trasladado al jefe de Servicio y a los responsables del Área de Fomento de la Diputación Provincial sin haber recibido respuesta.

Por todo ello, UGT Servicios Públicos y los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) exigen a la Diputación que cumpla la ley y las sentencias como la que dejó claro que los parques de Ciudad Rodrigo y Guijuelo no podían estar gestionados por una empresa, pues la gestión indirecta no es posible a la hora de prestar un servicio público y esencial.