Los Planes provinciales para el bienio 2022/23 que en estos momentos se están gestionando en la Diputación de Salamanca “son y están condenados al fracaso” si se aprueban tal y como plantea el equipo de gobierno del PP que encabeza Javier Iglesias, según ha anticipado hoy en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial Fernando Rubio.

Una denuncia que ha basado en la intención, por parte del equipo de gobierno provincial de no querer aumentar de forma proporcional la financiación que se destina a dichos planes de inversión. Un hecho que va a suponer que los municipios reciban la misma cantidad para acometer obras, “a pesar del aumento de los costes por razones conocidas por todos”, viendo reducida por tanto su capacidad adquisitiva real o capacidad de ejecución en un 40% según ha cifrado el portavoz socialista. A esto hay que añadir la supresión de la bonificación adicional del 50% sobre el importe total que se concedía para la ejecución de una obra, si esta se consideraba básica, y que se sumaba a la subvención concedida por la Diputación de forma ordinaria u originalmente.

Es decir, si un municipio recibía 50.000 euros para, ha puesto como ejemplo, el arreglo de un camino agrícola, la partida se incrementaba en 25.000 euros como bonificación a la subvención de 50.000 euros otorgada por considerarse una obra o una actuación básica, algo que, en el nuevo Plan bienal que se está elaborando, se pretende eliminar.

Los planes provinciales de la Diputación es el capítulo más importante en cuanto a inversiones de la Diputación de Salamanca, ha recordado Rubio, el anterior Plan provincial, 2020/21 estaba dotado con poco más de 22 millones de euros e incorporaba “por iniciativa del PSOE” bonificar a mayores con un 50% obras que se consideraran básicas como por ejemplo saneamiento, pavimentación o arreglo y mejoras en caminos agrícolas, lo que supuso que la cuantía en inversiones se incrementara en más de cuatro millones de euros y el montante total en el bienio pasado alcanzara más de 26 millones de euros.

A pesar de ello, ha incidido Fernando Rubio, se han quedado, a día de hoy, y vencido el Plan, “unas 150 obras adjudicadas sin ejecutar, obras que contrata la Diputación pero que ha sido incapaz de gestionar”.

"Están en otras cosas, como sus poltronas"

La Diputación, y el equipo de gobierno del PP que encabeza Javier Iglesias, “está en otras cosas como son sus poltronas, sus batallas internas de partido pero no en los problemas de los municipios porque estos les da igual” ha recriminado el portavoz socialista tras poner como ejemplo que de los dos millones de euros que recibieron de la Junta como fondo Covid para paliar las consecuencias de la pandemia “dinero que por cierto vino del Gobierno de España”, se ha devuelto la mitad, un millón de euros, “porque no lo han sabido gestionar”

La Diputación y su presidente lo único que saben gestionar son los remanentes, ha añadido el diputado socialista, “presupuesta obras pero no las ejecuta para luego crear remanentes y con ese dinero hacer lo que quiera” o lo que es lo mismo, para emplear esos remanentes en inversiones o adjudicaciones que ha calificado como digitales “las que da a dedo a los amigos”.         

Para demostrar esta afirmación, Rubio se ha referido a las inversiones para la extensión de la banda ancha en la provincia, inversiones cifradas en 6 millones de euros que el presidente Javier Iglesias ha anunciado en multitud de ocasiones y reiteradas veces, durante varios años, “con la tuna detrás y él mismo tocando la pandereta y bailando incluso” pero que todavía siguen sin ejecutarse ni ponerse en marcha, “ni un solo céntimo” ha remachado.

Fernando Rubio ha concluido lamentando “el estrangulamiento financiero” con el que la Diputación está condenando a los ayuntamientos de la provincia, “y no solo la Diputación, sino también, la Junta de Castilla y León”. En este sentido se ha referido a que los Consistorios se han convertido en los principales paganos y los principales defensores de los ciudadanos en la etapa de mayor rigor de la pandemia, “teniendo que afrontar muchísimos costes que no eran de su competencia o que le eran impropios” poniendo como ejemplo la limpieza y desinfección de los centros escolares, “la Junta abonaba 60 euros al mes de media para esta labor a los Consistorios cuando el coste laboral de una persona encargada de este trabajo venía a ser entre 1.500 y 1.600 euros mensuales” más el importe de los productos de limpieza y material, ha concluido, “el PP, la Diputación, ni la Junta, están sensibilizado ni lo más mínimo con los ayuntamientos y con las necesidades de los ciudadanos que viven en los municipios de la provincia”