La prevención de actos contra la violencia de género será una de las apuestas, en esta edición, de la seguridad durante el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. Así ha quedado patente tras la reunión de la Junta Local de Seguridad presidida por la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez Álvarez, junto al alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias.

Durante la misma, se ha expuesto el Plan de Seguridad y las medidas de emergencia previstas para garantizar la seguridad de todos los asistentes y el orden público durante la celebración de esta fiesta, que se retoma tras la suspensión del pasado año por la pandemia.

En dicho dispositivo, en lo que concierne a las competencias de la Subdelegación del Gobierno, está integrada la Guardia Civil que contará con los efectivos de la compañía de Ciudad Rodrigo y con el refuerzo de algunas especialidades de la Comandancia de Salamanca, como la Unidad de Seguridad Ciudadana, el servicio cinológico o el de búsqueda y localización de personas. Además, se sumará personal de la Agrupación de Tráfico y de los helicópteros de la 12.ª Zona, y habrá presencia del SEPRONA en el festival a caballo.

Una agente especializada

Por primera vez, se incluye en el dispositivo de seguridad a una agente especializada en violencia de género. Asimismo, habrá presencia de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, dado la habitual afluencia de ciudadanos lusos al Carnaval.

La subdelegada del Gobierno ha afirmado que en el Plan de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han contemplado las medidas necesarias “para que las cosas salgan bien” en lo referente a cuestiones de seguridad y orden público, “y a garantizar los derechos de los ciudadanos”.

Las Juntas Locales de Seguridad constituyen órganos de coordinación operativa e informativa que facilitan cauces de canalización que permiten la colaboración de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor protección por éstas del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.