El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, en el que imputa al PP de Salamanca, a su presidente provincial, Javier Iglesias, y a la gerente provincial del partido, Isabel Sánchez González, por un presunto delito de financiación ilegal, tiene su epicentro en la Diputacion salmantina.

El mismo deja claro que diversos cargos del Partido Popular realizaron aportaciones de dinero en efectivo en la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca para pagar cuotas de otros militantes en el proceso de primarias que llevó a Alfonso Fernández Mañueco a la presidencia del partido en Castilla y León. Según informaciones facilitadas a este diario, los diputados provinciales "pagaron 1.000 euros y 500 los asesores", dinero que se encargaría de recoger la exalcaldesa de Cantalapiedra, Juana González Mulas, y que Emma Figueiredo, que era trabajadora del PP durante las primarias y ahora es cargo de confianza en la Diputación Provincial, se encarga de ingresar.

Según aseguró un testigo en los Juzgados, que trabaja en el Ayuntamiento de Salamanca, "tanto en dependencias municipales como en la Diputación se recogieron aportaciones". Esta persona, a palabras del abogado de la acusación particular, Francisco Martín del Río, "ha sido muy cualificado". Además, los seis miembros del Partido Popular de Salamanca que declararon en los juzgados reconocieron haber realizado aportaciones para las elecciones primarias del PP de Castilla y León en el año 2017 "de forma voluntaria". Entre esos testigos se encuentran el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, así como la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez -diputada provincial por entonces-, el exprocurador por Salamanca Salvador Cruz, el director general de Análisis y Planificación de la Junta de Castilla y León, Xavier Domínguez, y el senador Gonzalo Robles.

Archivado en un primer momento

En unprimer momento, el caso fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, pero ante el recurso de la acusación particular, ejercida por Izquierda Unida–Los Verdes, fue reabierto por la Audiencia Provincial para tratar de aclarar la procedencia de las aportaciones. Dinero entregado por miembros del PP para poner al día la cuota de otros afiliados que no habían pagado, para de esta forma sumar votos y poder participar en las primarias del PP de Castilla y León de 2017.

El abogado de Los Verdes, Francisco Martín del Río, asegura que "la ley establece unos mecanismos muy rigurosos que impiden que se haga ningún tipo de operación en metálico, precisamente para permitir que sean controlables". Por eso, el Juzgado continuó adelante y, hoy, ha emitio el auto de imputación. Es que Martín del Río observaba delito y, por ello, explica "una estratagema montada por altos cargos del partido para tratar de justificar la procedencia del dinero".

Recordar que en su momento, el abogado de la acusación particular anunció la petición de declaración como testigo en la causa del presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. A su entender, "todo está montado para salvarlo a él, que es el máximo beneficiario de todo esto, y además también hizo aportaciones. Sin este entramado, no sería presidente del partido, ni hubier sido candidato a la Junta".