En su primera moción, Virginia Carrera, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Salamanca ha solicitado al Equipo de Gobierno que establezca un acuerdo con la Consejería de Educación para realizar durante este curso un estudio previo de necesidades  en materia de rehabilitación y reforma de cada centro educativo, así como la asignación de personal del servicio de mantenimiento  a las tareas de mantenimiento ordinario de las infraestructuras e instalaciones de los centros educativo que dependen del consistorio.

 En palabras de Carrera “algunos centros educativos necesitan una regeneración casi completa por lo que es necesario un estudio de necesidades para redactar un plan de rehabilitación ,  en otros vemos como cada vez son más y más  las actuaciones en el mantenimiento de los edificios debido al paso del tiempo”

Hay que considerar las tareas de mantenimiento, no sólo como el “arreglo de un desperfecto” sino también como prevención de averías que de no tratarse o preverse, podrían ser estructurales. Un eficaz mantenimiento tanto en reparación como en prevención, evita riesgos innecesarios posibles a personas, además de una reducción de costes económicos en reparación. 

La segunda moción busca que se declaren nulas las inmatriculaciones de la Iglesia Católica y solicita al Gobierno de España que habilite los mecanismos oportunos para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público, estableciendo los procedimientos para su catalogación y registro, y posibilitando la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares.

En España miles de bienes inmuebles (iglesias, casas curales, cementerios, fincas, etc.), con todo lo que contienen en su interior, han sido inmatriculados por la iglesia católica con el simple certificado del diocesano correspondiente sin acreditar título de propiedad, basándose primero en una normativa franquista (artículo 206 de la Ley Hipotecaria reformada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y el 304 del Reglamento Hipotecario de 1947), y desde 1998 en un Decreto del Presidente Aznar (Real Decreto 1867/1998) para permitir la inmatriculación de templos de culto, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza pública y por tratarse de bienes fuera del comercio. A través de este procedimiento de muy dudosa constitucionalidad se han inmatriculado, sin aportar título alguno, miles de bienes de toda índole.

Del listado presentado por el Gobierno, casi un 30% (10.234) corresponden a la comunidad de Castilla y León, en la provincia de Salamanca han sido un total de 946 y en concreto en nuestro municipio, se han realizado 11 inmatriculaciones de bienes  e inmuebles a favor de la Diócesis de Salamanca.

Estas normas han sido reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia del 20/12/2016), declarando la nulidad de las mismas y condenando al Estado español por haberlo permitido.