“A diferencia de la anterior crisis económica gestionada por el PP, ahora no se rescatan bancos, ahora el Gobierno de Pedro Sánchez toma decisiones para proteger a trabajadores, autónomos y pequeños empresarios”. Con estas palabras, en un declaración pública realizada a los medios, ha valorado el diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, el Decreto-ley con medidas urgentes para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y trabajadores autónomos en el ámbito financiero  y concursal aprobado por el Consejo de Ministros, además de la transferencia de 6.000 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y garantizar las ayudas y las prestaciones a los trabajadores afectados por un ERTE y que, en Salamanca, superan los 8.000 empleados.

“El Gobierno continúa desarrollando medidas para impulsar la economía y la reconstrucción social de nuestro país”, ha afirmado el diputado socialista. Con este Decreto, se amplía hasta el 30 de junio el plazo de concesión de las dos Líneas de hasta 140.000 millones de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de que autónomos y pequeños empresarios, puedan tener la financiación adecuada para cubrir sus necesidades de liquidez o realizar sus proyectos de inversión.

La nuevas medidas incluye que las entidades financieras no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan los criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO.

De igual manera, las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un máximo de 30 días. A partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con un plazo de amortización que puede llegar a los ocho años. Se igualan así, las características de la Línea de Avales aprobada en marzo con la de la Línea de Avales para inversión y liquidez, que se aprobó en julio, y que ya tenía ese plazo máximo.

Las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un máximo de 30 días. A partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con un plazo de amortización que puede llegar a los ocho años. Se igualan así, las características de la Línea de Avales aprobada en marzo con la de la Línea de Avales para inversión y liquidez, que se aprobó en julio, y que ya tenía ese plazo máximo. “Es una buena decisión que el Real Decreto impida a los bancos incluir cláusulas abusivas en la concesión de los créditos ICO, no se puede hacer negocio a costa de la necesidad de los trabajadores autónomos”, ha señalado Serrada.

Además, las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad podrán disponer de una ampliación en el vencimiento de los préstamos de la Línea de Avales del ICO para liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años, desde los cinco actuales. Adicionalmente, podrán gozar de un plazo adicional de carencia en el pago del principal de doce meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses. 

“Con las modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones financieras”, ha señalado el parlamentario salmantino.

Por otra parte, el Real Decreto-ley también contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social tras el impacto de la pandemia, garantizando la financiación para atender y hacer frente a los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria. “De esta manera se protegen las rentas garantizando el cobro de los ERTE y otras prestaciones por desempleo a miles de salmantinos y salmantinas vinculados al sector de la hostelería y el comercio fundamentalmente”, ha apuntado el diputado socialista por Salamanca, o también“la prestación por cese de actividad para los autónomos y medidas de alivio para las empresas mediante exoneraciones en las cotizaciones sociales”.

El Real Decreto-ley incluye además un crédito extraordinario por importe de 2.300 millones para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. El objetivo de esta transferencia es hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios por desempleo derivado de las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19.

En definitiva, ha concluido el parlamentario socialista por Salamanca, “el Gobierno cumple sus compromisos con los salmantinos y salmantinas, habilitando medidas de protección social e impulso económico, aprobando leyes en el Congreso de los Diputados y dotándolas de dinero suficiente. Lo que contrasta con la actitud del Partido Popular en Castilla y León que se ha situado en contra de los médicos, en contra de los sindicatos y en contra de los 8.264 salmantinos que aún no han cobrado la ayuda complementaria a los ERTE prometida por Alfonso Fernández Mañueco”.