El colectivo de empresas instaladoras, representado por la Asociación de Empresarios Salmantinos de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones (AESLUX) y la Asociación de Empresarios Salmantinos de Fontanería y Calefacción (AESFONCA), pide a las Administraciones que se tengan en cuenta las medidas propuestas para poder así garantizar la continuidad laboral y económica de las empresas instaladoras durante el estado de alarma causado por el COVID-19.

De esta manera, ambas organizaciones se suman a las reivindicaciones de FENIE y CONAIF, para quienes este nuevo escenario está afectando de "manera importante al sector de las instalaciones" y por ello solicitan, de forma expresa, varias medidas. 

Por un lado, la incorporación de las empresas en los servicios que puedan acogerse a los ERTEs por fuerza mayor y que estos sean de aplicación a partir de la fecha de inicio de la declaración de alarma. En este mismo sentido, piden agilizar y reformar los medios telemáticos para la solicitación de ERTEs. 

También piden que el procedimiento para obtener el cese de actividad a los autónomos, sea de oficio y con carácter retroactivo a la fecha de declaración de alarma y anular el pago a cuenta del impuesto de sociedades correspondiente al año 2020 a las pymes.

Además, eliminar el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad en caso que ejecute algunas de las medidas incorporadas en el Real Decreto Ley.

Entre otras cosas, también consideran autorizar, de forma expresa, el desplazamiento de los trabajadores de las empresas instaladoras a nivel nacional siempre que cumpla con las condiciones de seguridad establecidas en aquellos casos que tengan que continuar su actividad; y permitir el desplazamiento de más de un trabajador en un vehículo, cuando sea necesario para la realización de los trabajos, siempre que éstos cumplan con las condiciones de seguridad.

Otro de los puntos es proporcionar de forma prioritaria al colectivo de empresas instaladoras de elementos de material de seguridad para los trabajadores que han de continuar su actividad en condiciones de seguridad a través de las mutuas, o en su caso, las asociaciones de empresas instaladoras.

Y por último, incorporar los CNAES del ámbito de las instalaciones dentro de las empresas potenciales de recibir las líneas de financiación habilitadas por el Gobierno para el COVID-19, así como que los alquileres de locales o tiendas de empresas instaladoras que hayan tenido que suspender su actividad dentro del establecimiento al paquete de ayudas previsto para el aplazamiento en el pago de hipotecas.