El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia ha obligado al Sacyl a pagar 20.540 euros a los padres de un niño por el tratamiento con la hormona del crecimiento. La sentencia ya es firme al no formalizarse el recurso que la Junta de Castilla y León había anunciado. La defensa del menor ha sido gestionada por la abogada María Teresa Herrero de los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente en la Comunidad.

Desde la asociación han celebrado esta sentencia contra la Junta, que "sigue obligando a las familias a acudir a los tribunales emitiendo resoluciones manifiestamente injustas".

El escrito judicial, al cual ha tenido acceso este periódico, reconoce que el menor, que tiene un diagnóstico de talla baja idiopática y con antecedentes de retraso de crecimiento intrauterino compensado, fue tratado por el servicio de Pediatría de la administración sanitaria de la Junta, siendo el facultativo que le trataba quien, teniendo en cuenta la dolencia y que todas las pruebas llevadas a cabo podían corresponder a un déficit de hormona de crecimiento, propone "infructuosamente el tratamiento al Comité Asesor de la Hormona de Crecimiento".

Dicha situación del menor y el pronóstico de talla final comenzó con el tratamiento con hormona del recimiento, presentando una buena evolución posterior sin efectos secundarios ni incidencias. El especialista del Sacyl, para obtener la hormona, extendió el informe médico preceptivo prescribiéndola.

De esta manera, se señala que el tratamiento del menor está "plenamente justificado" por su estado y evolución, además de ajustarse a los requisitos que exige el Comité de Protocolos. Por ello, El Defensor del Paciente venía defendiendo que ha de mantenerse el criterio y el derecho del actor a percibir los conceptos y cantidades reclamados.

A pesar de la negativa del Comité, las especialistas que trataban al afectado comenzaron el tratamiento, siendo sufragado totalmente por los progenitores del pequeño. De esta manera, la sentencia establece que son los facultativos los que prescriban los tratamientos farmacológicos y médicos que crean oportunos y, con los criterios de racionalidad y no estando excluida su financiación, deben ser cubiertos por este, independientemente de que sean aprobados o no por comités asesores de ciertos medicamentos.

La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, denuncia que a pesar de las reiteradas sentencias favorables, el Sacyl continúa "oponiéndose al reintegro de gastos por este tipo de tratamiento", además de obligar a los padres a "acudir a los tribunales en defensa de sus derechos".