El Juzgado de lo Penal nº 1 de Palencia ha condenado a un vecino de Mataporquera (Cantabria) como autor penalmente responsable de un delito contra la fauna, con una pena de seis meses de multa con cuota diaria de 12 euros e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de caza por tiempo de tres años y una indemnización al Coto de Caza del municipio palentino de Nestar en la cantidad de 6.174 euros, según un comunicado de Ecologistas en Acción recogido por la agencia Ical.

Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2020 en la zona de la carretera que une las localidades de Menaza y Grijera (Palencia), a la altura del puente que pasa el río Rubagón, el furtivo disparó con un rifle y abatió un ejemplar macho de corzo en el coto de caza P-10995 sito en el Municipio de Nestar sin la preceptiva autorización del coto y careciendo de licencia de caza en vigor.

Esta acción fue presenciada por uno de los titulares del coto que reconoció al furtivo y fue tras él en una persecución temeraria como así han declarado los tres testigos que presenciaron los hechos.

El fallo de la sentencia también acuerda deducir un testimonio de particulares, concretamente de la declaración del testigo aportado por la defensa que declaró que el día de autos estuvo toda la tarde con el acusado, ya que de él pueden desprenderse indicios de haber prestado falso testimonio en causa criminal a la vista de la declaración prestada en sede judicial.

Ecologistas en Acción ejerció la acusación popular y muestra su satisfacción por la sentencia, aunque no sea firme y pueda ser recurrida en apelación, ya que además de la sanción económica la sentencia recoge la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de caza por tiempo de tres años como había solicitado.

La asociación ecologista está personada como acusación popular en otros tres casos de furtivismo en la provincia ya que considera esta actividad como una de las mayores lacras actuales contra la diversidad de nuestra fauna y confía en que la actuación de control y vigilancia conjuntamente con la labor judicial puedan poner freno a estas prácticas