Peaje de La Magdalena (León)
La Fiscalía de Asturias inicia una investigación por el cobro íntegro del peaje la AP-66 durante las obras
UPL, a su vez, solicita a la Fiscalía de León que inicie también las diligencias.
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La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación preprocesales por el cobro del peaje de la AP-66 en León mientras se suceden las obras en esta vía.
Un gesto que ha sido aplaudido por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) por el "paso adelante" que ha dado la Fiscalía asturiana.
Asimismo, solicitan que la Fiscalía de León dé el mismo paso en un movimiento que consideran que está dentro del "objetivo de defender a los tantos y tantos usuarios de la región leonesa que se ven obligados a utilizar esta carretera que vertebra por completo nuestra tierra".
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, incide en que esta es una "gran noticia", siguiendo lo ya vivido con el peaje de la AP-9 durante el periodo de obras que la justicia declaró ilegal por su cobro íntegro.
"Este debe ser el primer paso para acabar con un peaje que la Comisión Europea evidenció que fue prorrogado de forma ilegal y sobre el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y, en particular, Óscar Puente siguen sin hacer absolutamente nada", ha añadido.
Para Gallego, la situación de la AP-66 es "incluso aún peor que cuando se llevó a la Fiscalía de León este asunto". "De hecho, el pasado sábado se vio cortada por completo durante casi 12 horas por el desprendimiento sufrido en el túnel de El Negrón", han añadido.
Gallego ha incidido en que este vial continúa "afectado" por distintas obras de adecuación en sus túneles y por la presencia de un argayo o derrumbamiento importante que sigue "provocando cortes y ralentizaciones graves del tráfico, con incrementos sustanciales del tiempo de viaje y, en ocasiones, paradas prolongadas".
Mientras tanto, ha denunciado que se sigue cobrando el peaje "de forma íntegra". Por todo esto, desde UPL confían en que, tal y como sucedió en la AP-9, la justicia "otorgue la razón a los usuarios y obligue a la concesionaria al reintegro total o parcial del importe de los peajes abonados" en los casos en los que haya habido retrasos significativos o deficiencias del servicio sin haber sido informados.
