Vista en el juicio verbal de desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado, en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Briviesca, el 29 de julio de 2025 ICAL
Siete exmonjas del cisma de Belorado irán a juicio acusadas de maltratar y utilizar las pensiones de religiosas mayores
La magistrada aprecia “indicios suficientes” para avanzar en el procedimiento contra las exreligiosas que actualmente residen entre Toledo y el monasterio de Orduña.
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El Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao ha acordado concluir la fase de instrucción y continuar el procedimiento para la apertura de juicio oral contra siete exmonjas del conocido cisma de Belorado (Burgos).
Lo hace por presuntos delitos de trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, administración desleal y apropiación indebida relacionados con la situación de cinco religiosas ancianas.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada aprecia “indicios suficientes” para avanzar en el procedimiento contra las siete exreligiosas que permanecen dentro del cisma y que actualmente residen entre La Puebla de Montalbán (Toledo) y el monasterio de Orduña (Bizkaia).
Después de haber sido desahuciadas del convento de Belorado (Burgos) el pasado 12 de marzo.
En cambio, la jueza ha decretado el sobreseimiento provisional para la octava exmonja investigada, conocida como Sor Myriam, nombre religioso de Zaida Pinar, al no considerar acreditada su participación en los hechos.
El auto señala que permanecía de forma habitual en el restaurante de Arriondas (Asturias) y solo acudía a Orduña “en contadas ocasiones”.
La resolución judicial ordena además trasladar las diligencias al Ministerio Fiscal y a la acusación para que, en un plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación o pidan el archivo de la causa.
De forma excepcional, también podrán reclamar diligencias complementarias.
Las cinco religiosas afectadas, de entre 87 y 101 años, fueron desalojadas por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2025 del monasterio de Orduña, adonde habían sido trasladadas desde Burgos a finales de julio.
Es decir, pocos días antes de que el Juzgado de Briviesca dictara la sentencia de desahucio del monasterio burgalés.
Durante la instrucción, la jueza ha tenido en cuenta informes de la Guardia Civil, médicos y forenses, además de testimonios de dos exmonjas que abandonaron el convento tras el cisma de 2024.
A partir de esas pruebas, aprecia indicios de delitos de trato degradante, abandono y omisión del deber de socorro, así como coacciones hacia las religiosas ancianas.
El auto sostiene que las cinco monjas mayores “no estaban siendo tratadas adecuadamente” y describe “falta de condiciones higiénico-sanitarias”, ausencia de atención médica y control de medicación.
También suciedad acumulada en el monasterio y presencia de animales sueltos, además de “situaciones de control y manipulación psicológica”.
La magistrada considera que de ello “se deriva un incumplimiento del deber de cuidado por parte de quien tenía encomendada esa función”.
Todo ello al tratarse de personas “en situación de dependencia y vulnerabilidad”, lo que, añade el texto, supondría “un trato humillante menoscabando su dignidad”.
Deterioro cognitivo
Asimismo, el auto recoge que las religiosas ancianas presentaban un deterioro cognitivo “de leve a severo”.
Por lo que no podían comprender ni discernir la decisión adoptada por las exmonjas de abandonar la Iglesia católica en mayo de 2024, una medida de la que “no tomaron parte ni fueron informadas”.
La jueza también atribuye a las siete exreligiosas posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida por el uso presuntamente irregular de las pensiones de las monjas mayores.
Unos fondos que, según la investigación, habrían sido destinados a sostener negocios vinculados al grupo, como el restaurante de Arriondas o un criadero de perros.
Por su parte, la abogada de las exmonjas, Norma Riaño, ha avanzado a EFE que presentarán recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.
La letrada sostiene que el auto “no recoge pronunciamiento alguno” sobre diligencias solicitadas por la defensa, como actas notariales de mensajes telefónicos, y denuncia que la resolución fija los hechos “sin tener en cuenta la versión de las exmonjas”.
