Las ramificaciones del caso Mediador también llegan a Ávila y Valladolid. Una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil desveló la adjudicación presuntamente irregular de contratos para reformar cuarteles de la Benemérita a las empresas de Ángel Ramón Tejera de León, empresario vinculado al 'caso mediador'. Estas reformas tuvieron lugar, entre otras, en Ávila y Valladolid. Concretamente este empresario es amigo del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, la única persona que se encuentra en prisión provisional por esta trama que está agitando la política nacional.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila en un documento remitido a este medio por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informa de que abrió diligencias previas en 2019 por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil en el que se denunciaba una posible actuación ilícita en contratos para obras en 13 acuartelamientos, entre ellos, el de Ávila y el de Valladolid, al comprobar que estas obras y reformas no se habían finalizado y en algunos casos ni se habían comenzado. Así, el juez instructor tomó declaración como investigados al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a un empresario y a un colaborador de este último.

Tirando del hilo, se comprobó que estas reformas llevadas a cabo en 2016 y 2017, sin terminar también llegaban a otros cuarteles como Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo. Mientras el informe de Asuntos Internos certificaba que la empresa estaba incrementado su facturación, y que recibía todos estos contratos aunque su sede estaba en las islas con trabajos de pintura e impermeabilización.

Tras estudiar el asunto, el Juzgado de Ávila entendió que no era competente ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalaban las declaraciones efectuadas, un teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid. Por lo tanto, dictó un auto en el que acordó la inhibición a favor del Juzgado Decano de Madrid para el conocimiento de todas las actuaciones.

Uno de los investigados recurrió dicho auto primero ante el Juzgado y posteriormente ante la Audiencia Provincial de Ávila solicitando el archivo de la causa. El Juzgado rechazó sus pretensiones y el tribunal provincial también desestimó esta apelación al entender que aún quedaban muchas diligencias por practicar y porque, en definitiva, la competencia para dictar la resolución definitiva correspondería a un órgano judicial de Madrid.

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 confirmó la inhibición para la continuación de la investigación en Madrid, en concreto, por parte del Juzgado de Instrucción 3 de la capital.