La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, junto al vicepresidente primero y consejero de Deregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en el pleno de las Cortes de este martes ICAL
Vox se queda solo en las Cortes exigiendo "remigración" al Gobierno para atajar la crisis de la vivienda
La formación de Abascal no logra sacar adelante una iniciativa en las Cortes que vincula de forma directa el problema habitacional con la inmigración.
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Vox se ha quedado solo en el pleno de las Cortes de este miércoles en la defensa de una proposición no de ley que instaba a la Junta a reclamar al Gobierno de España un paquete de medidas que vinculan de forma directa la crisis de la vivienda con la inmigración.
El texto, defendido por el procurador Carlos Menéndez, parte de la idea de que el desequilibrio entre la llegada de población extranjera y el ritmo de construcción de inmuebles es uno de los factores que más encarecen el acceso a un hogar para los españoles.
Según las cifras que maneja la formación, en cinco años habrían entrado en España unos cinco millones de personas mientras solo se construían unos 400.000 viviendas, y en Castilla y León el último año se habrían levantado unas 4.000 casas (unas 240 de protección oficial) frente a unas 21.000 entradas de extranjeros.
La resolución reclama al Ejecutivo central que proceda a la repatriación de quienes hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal, a la remigración de aquellos extranjeros que, aunque trabajen, "no contribuyan de manera efectiva" a la economía y vivan de ayudas y recursos públicos.
Y también a la deportación "inmediata" de quienes cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretendan imponer culturas o costumbres incompatibles con las españolas.
La "prioridad nacional"
Al mismo tiempo, pide garantizar la prioridad nacional de los españoles en el acceso a vivienda social, protegida y a cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda, de modo que los recursos públicos se asignen preferentemente a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.
![Imagen de la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este jueves en las Cortes de Castilla y León](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11378165.jpg?p=w:320\/h:240&h=K6hhA74f"])
El documento va más allá del control migratorio y aborda también el lado de la oferta y de la demanda.
Propone establecer una fiscalidad diferenciada para los compradores de vivienda no comunitarios, destinando lo recaudado a bonificaciones y exenciones para los españoles y a la construcción de vivienda protegida, y explorar cuantas fórmulas sean necesarias para limitar la demanda extranjera no residente.
Una realidad que, según Vox, está inflando los precios y dificultando la emancipación y la seguridad residencial de los españoles en muchas localidades.
Incentivos fiscales
Asimismo, insta a impulsar reformas legales en todos los niveles, incluidos los europeos, para facilitar el acceso de los españoles a la primera vivienda habitual, a estudiar la supresión o reducción de las tasas e impuestos municipales y autonómicos que encarecen el proceso edificatorio.
Y a incrementar de forma sustancial y sostenida la producción de vivienda nueva mediante la ampliación de suelo disponible, la agilización de trámites y la eliminación de cargas burocráticas y duplicidades normativas.
En el capítulo de alquileres, la resolución aboga por un modelo que armonice los intereses de arrendadores y arrendatarios, con incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible, deducciones significativas en el IRPF para jóvenes inquilinos y una reducción del tipo impositivo por cada nuevo hijo.
También reclama modificar la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local para impedir que un okupa o un inmigrante ilegal puedan empadronarse en una vivienda ocupada ilegalmente y para que el desalojo de okupas se produzca de forma inmediata, en menos de 24 horas.
El "espíritu del acuerdo"
El viceportavoz popular, José Luis Sanz Merino, ha cargado contra "la nefasta política de vivienda de Sánchez". "Durante los gobiernos de Sánchez es cuando menos vivienda pública se ha construido y se ha hundido el mercado del alquiler. Ese desastre se ha pretendido paliar en los últimos tiempos y sobre todo ocultar", ha afirmado.
Y ha considerado que la vivienda pública "debe llegar a quien realmente la necesita". "La vivienda pública merece rigor, seguridad jurídica e inversión", ha afirmado, defendiendo la necesidad de "impulsar la inversión, propiciar la creación de suelo y crear mecanismos de colaboración público-privada".
Además, ha apostado por "combatir el fraude en el padrón municipal" y "combatir la inseguridad jurídica en los arrendamientos".
Con todo, ha afirmado que hay aspectos de la PNL "que no concuerdan fielmente con lo convenido en el pacto de Gobierno". "Queremos acomodar su propuesta al espíritu del acuerdo de Gobierno en torno a la prioridad nacional, que gira en torno al arraigo como piedra angular de lo que nos une", ha afirmado.
Sanz Merino ha considerado que algunos puntos de la iniciativa están impregnados de "juicios de valor" y ha presentado enmiendas que no han sido aceptadas por Vox.
Críticas de la oposición
La procuradora socialista Ana Isabel Casado ha acusado a Vox de buscar que el inmigrante sea "un chivo expiatorio". "Hacen del miedo y de la confrontación el eje de sus políticas", ha denunciado, recordando, además, que "la competencia exclusiva en vivienda es de la Junta de Castilla y León".
"Tienen ustedes, junto con sus socios de Gobierno, todos los instrumentos para solucionar el problema de la vivienda en la Comunidad. El problema no son los inmigrantes ni el Gobierno, es su incapacidad para desarrollar una política de vivienda eficaz en Castilla y León", ha zanjado.
Ángel Ceña, de Soria ¡Ya! ha recordado que "la inmensa mayoría de los trabajadores de las obras son inmigrantes". "Esta iniciativa es un oxímoron político", ha ironizado, apuntando a "los problemas que tienen los constructores para encontrar trabajadores".
"Quieren construir viviendas pero quieren echar a los trabajadores que pueden construirlas", ha afirmado.
