El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en una imagen de archivo ICAL
Castilla y León se convierte en ariete contra la política migratoria de Sánchez y su gestión de la crisis de Ceuta
La Junta impugna el cupo, explora convenios de repatriación y reivindica que una vía distinta es posible desde las autonomías.
Más información: Castilla y León buscará repatriar a los 164 menas que tutela mediante acuerdos con sus países de origen
La Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Vox, ha convertido el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados en una de las señas de identidad de su coalición.
El Gobierno autonómico opone tanto al mecanismo general de distribución entre comunidades que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez como, de forma especialmente frontal, a cualquier traslado de los menores llegados a Ceuta en la avalancha de finales de julio.
El Ejecutivo dirigido por el popular Alfonso Fernández Mañueco argumenta saturación de plazas, exigencia de expedientes individualizados, prioridad de la reunificación familiar y repatriación, y denuncia que el Ejecutivo central reparte las consecuencias de una crisis de fronteras que no ha sabido o no ha querido contener.
Esa línea no es improvisada. Forma parte del pacto de Gobierno y se ha materializado en plantones a conferencias sectoriales, anuncios de recursos judiciales, verificación de edades y, esta misma semana, el anuncio de que la Comunidad explorará acuerdos con países de origen para repatriar a los 164 menas que ya tutela, pese a disponer solo de 130 plazas.
Una crisis que divide España
A finales de julio de 2026, especialmente los días 30 y 31, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, en lo que las autoridades locales y la oposición calificaron de asalto coordinado y el Gobierno de Sánchez describió inicialmente como un ataque a la integridad territorial.
La mayoría regresó en las horas y días siguientes −Interior llegó a cifrar en torno a 48.300 retornos rápidos−, pero quedaron miles de personas, entre ellas un número elevado de menores no acompañados que satura los recursos de una ciudad de algo más de 80.000 habitantes.
![El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno de las Cortes de este viernes](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11352114.jpg?p=w:320\/h:240&h=r_XngB50"])
El presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, pidió emergencia nacional y mando único. El Gobierno reforzó efectivos, habilitó plazas, tomó control del puerto para alojamiento temporal, destinó 309 millones y ha impulsado expedientes de reagrupación familiar con Marruecos, aunque duda de la colaboración de Rabat.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Juventud e Infancia ha planteado traslados a la Península, incluido un plan para unas 500 niñas especialmente vulnerables. Las cifras de menores que permanecen varían según la fuente: el Gobierno ha hablado de 1.200 en algunos momentos; otras estimaciones suben a 2.500 o más.
En este contexto, las comunidades gobernadas por el PP, y de forma más dura aquellas donde Vox ostenta las competencias de Infancia −Castilla y León, Aragón y Extremadura−, han plantado cara.
No acuden a reuniones sectoriales cuando perciben que el objetivo es preparar un reparto, votan en contra o se ausentan, y exigen que se agoten primero los retornos a Marruecos y los procedimientos individuales previstos en la Ley de Extranjería.
El choque por Ceuta
Castilla y León ya había recurrido el sistema de distribución de menas impulsado por el Gobierno central en años anteriores, alegando sobreocupación.
El pasado mes de julio, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), se coordinó con sus homólogos de Aragón y Extremadura para no participar en lo que llamaron una "estafa" y una "imposición". "No vamos a participar", resumieron.
La crisis de Ceuta elevó el tono. Pollán comunicó por carta a la ministra Sira Rego que no acudiría a las citas sectoriales y que impugnaría judicialmente cualquier expediente que no concluyera con el retorno a Marruecos, "única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor".
La Junta considera que no puede aceptar traslados mientras no se acrediten los procedimientos individualizados y mientras sus centros estén por encima de capacidad.
El portavoz del Gobierno autonómico, el popular Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado que se opondrán a cualquier medida que perjudique los intereses de la Comunidad y que presentarán los recursos necesarios.
Este jueves, la Junta dio un paso más: explorará "al máximo" acuerdos bilaterales con países de origen al amparo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite a las comunidades promover convenios para que la atención e integración de los menores se produzca en su entorno de procedencia, con seguimiento y salvaguarda del interés superior.
Carriedo subrayó, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que no se quedarán "parados ante la inacción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que los menores "están mejor con sus familias". Y distinguió esta vía de la acogida de inmigración legal y ordenada, que la Junta dice seguir impulsando.
La "ocultación" de Sánchez
Mañueco también ha endurecido el tono en las últimas semanas. Ha criticado la "ocultación", la "dejación" y la "incompetencia" de Sánchez, ha exigido devolver a los inmigrantes "por donde han venido" y ha defendido a Vivas frente a lo que considera un intento de Moncloa de cargar las culpas sobre las comunidades.
"Vivas está haciendo más por España que Pedro Sánchez", afirmó Carriedo. Mañueco ha insistido en que la seguridad de las fronteras es competencia estatal.
Además, las Cortes de Castilla y León aprobaron en el último pleno exigir al Gobierno la suspensión del tratado con Marruecos para forzar a Rabat a aceptar todos los retornos, en una iniciativa impulsada por Vox y apoyada por el resto de grupos parlamentarios a excepción del PSOE.
En las calles, el pasado 2 de septiembre, concentraciones en las nueve capitales provinciales − en las que participaron unas 90.000 personas según fuentes policiales− mostraron su solidaridad con los ceutíes y corearon cánticos como: "No es inmigración, es una invasión" y "Ceuta es España".
Mañueco y Pollán participaron en las concentraciones de Salamanca y León, respectivamente. El mensaje institucional y el de la calle se alinearon: solidaridad con Ceuta y señalamiento directo a Sánchez.
El pulso nacional
La posición de Castilla y León no es una disputa menor sobre plazas. Es un pulso político. Vox ha conseguido que el pacto autonómico recoja la oposición "por todos los medios legales, jurídicos y políticos" a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes irregulares, mayores o menores.
Pollán lo recuerda sin ambigüedad: el acuerdo dice que se oponen y eso es lo que harán. El PP de Mañueco, que en otros momentos había dejado más resquicios, ha cerrado filas. La línea del Gobierno autonómico es ya inequívoca: no hay solidaridad territorial si antes no hay control de fronteras, retornos y respeto a la Ley de Extranjería.
Para el Gobierno central y el PSOE autonómico, se trata de una estrategia de desgaste. El secretario general socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado a Mañueco de usar Ceuta como "trampantojo" para ocultar problemas propios.
El Ejecutivo de Sánchez insiste en que hay un drama humanitario y que las comunidades deben colaborar. La Junta responde que no se puede pedir colaboración a quien ya tiene los centros saturados mientras Moncloa no contiene la entrada ni agota los retornos a Marruecos.
El choque revela dos lecturas incompatibles. Para PP y Vox, Ceuta muestra el fracaso de una política que no defiende la frontera, genera efecto llamada y después pretende que el resto de España pague las consecuencias.
Su receta es concreta: devolver a quienes han entrado irregularmente, reunificar a los menores con sus familias, pactar con los países de origen y no convertir a las comunidades en un almacén de la irregularidad. Para el Gobierno, esa negativa equivale a desentenderse de menores vulnerables.
Para el Ejecutivo autonómico, aceptar un traslado masivo sin expedientes individualizados sería legitimar la improvisación del Estado y premiar una crisis que no se ha querido cortar a tiempo.
Castilla y León ha elegido ser el ariete. Con plantones, recursos, verificación de edades y ahora la búsqueda de acuerdos de repatriación, la Junta no solo resiste el cupo de Ceuta: pretende demostrar que otra política es posible desde las autonomías y que Sánchez no puede descargar en las comunidades lo que no resuelve en la frontera.
Casi dos meses después, la crisis sigue abierta. El pulso decidirá si el Estado puede imponer el reparto de las consecuencias de una crisis que no ha logrado contener, o si las comunidades gobernadas por PP y Vox logran hacer valer su posición.
