Manifestación del personal laboral de la Junta Ical
La falta de reclasificación de casi 5.000 trabajadores de la Junta acaba en los tribunales por una demanda de UGT
Cerca de 5.000 trabajadores de la Junta de Castilla y León siguen pendientes de su reclasificación profesional pese a estar prevista desde 2024.
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Cerca de 5.000 trabajadores laborales de la Junta de Castilla y León continúan pendientes de la reclasificación profesional que debía haberse completado antes del 31 de diciembre de 2024.
Una situación que, según denuncia UGT Servicios Públicos de Castilla y León, está provocando que perciban salarios inferiores a los que les corresponderían y desempeñen funciones que no se ajustan a su categoría profesional.
Ante esta situación, el sindicato ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el incumplimiento del convenio colectivo del personal laboral.
El secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, y el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social, Carlos Arenas, han recordado que el actual convenio colectivo incorporó, tras una "dura negociación", la adaptación de la clasificación profesional al sistema de titulaciones de Bolonia.
A su juicio, se trató de un convenio "innovador, progresista y muy beneficioso" para los más de 15.000 trabajadores de la Administración autonómica a los que da cobertura.
Sin embargo, el sindicato denuncia que la reclasificación de todo el personal laboral, comprometida en el convenio y con fecha límite fijada para finales de 2024, sigue sin ejecutarse.
Además, sostienen que desde la llegada de Luis Miguel González Gago a la Consejería de Presidencia, "el interés en cumplir el acuerdo adoptado ha sido nulo".
Según han explicado Pérez y Arenas, únicamente se han celebrado seis reuniones con la Junta y todas ellas, aseguran, impulsadas por la presión sindical: tres entre octubre y diciembre de 2024 tras la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo.
Y otras tres entre marzo y julio de 2025 después de que UGT promoviera un conflicto colectivo ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA).
A la espera
Mientras tanto, los trabajadores que aún esperan su reclasificación profesional continúan afectados por las consecuencias del retraso.
"Sus salarios son muy inferiores a lo que se deberían, sus funciones no están acordes con la categoría profesional que ostentan y el servicio no se puede prestar con la calidad que los usuarios se merecen", han denunciado los responsables sindicales.
Tomás Pérez ha asegurado que el sindicato mantiene su disposición al diálogo, aunque considera agotada la vía negociadora.
"No vamos a negarnos a negociar, pero estamos cansados de llegar a acuerdos y que no cumplan, así que denunciamos", ha afirmado.
Por su parte, Carlos Arenas ha advertido de que este conflicto podría no ser el último.
"Como este no es el único incumplimiento de la Junta en este ámbito, nos tememos que no será la última demanda que UGT tenga que presentar contra la Junta de Castilla y León", ha concluido.
