Expectación en el exterior de la Audiencia provincial de Soria durante la declaración ante el juez de la concejala Yolanda Santos ICAL
El TSJCyL aclara que, aplicando la ley, avisó del registro al Ayuntamiento de Soria y advirtió de su carácter secreto
Afirma que se hizo “sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas”.
Más información: Carlos Martínez dio 11 contratos a dedo a Biosfera, la empresa de la trama corrupta, cuando era alcalde de Soria
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha salido al paso para aclarar los términos estrictamente legales en los que se desarrollaron los hechos del registro del Ayuntamiento de Soria del pasado martes.
A través de una nota aclaratoria, el órgano judicial defiende que la comunicación previa existió, pero que esta responde estrictamente al protocolo obligatorio que marca la ley para intervenir en dependencias públicas, despojando la actuación de cualquier atisbo de irregularidad.
Para entender el contexto, la polémica nació cuando trascendió que el equipo de gobierno municipal de Soria conocía la intención de los agentes de personarse en el consistorio antes de que se ejecutara el registro.
Incluso el secretario general del PSOECYL, Carlos Martínez, llegó a decir a un medio que él ya lo sabía el lunes, para posteriormente matizar y señalar el martes como el día que se entera de todo.
Así, el propio alcalde de Soria, Javier Antón, ha confirmado que fue avisado por el juzgado del registro el lunes.
PP y Vox han anunciado querellas para saber si existe alguna irregularidad en el hecho de que la información sobre el registro llegara antes al alcalde y, en concreto, si llegó también al exalcalde y actual dirigente autonómico del PSOE, Carlos Martínez.
La oposición y diversos sectores no tardaron en sembrar dudas sobre una presunta vulneración del secreto de las actuaciones.
Sin embargo, el Tribunal de Instancia recuerda que, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), los órganos judiciales están obligados a seguir ciertos pasos cuando el objetivo es un edificio oficial. En concreto, la justicia se apoya en tres pilares legales:
Sin fecha, sin hora y bajo advertencia de delito
En cumplimiento estricto de este último artículo, el Tribunal de Instancia de Soria confirma que remitió un oficio al alcalde de Soria el pasado día 22 de junio, un día antes de que las fuerzas de seguridad entraran en el ayuntamiento.
No obstante, desde el tribunal matizan de forma tajante el contenido de dicho escrito para desmontar la tesis del "chivatazo".
En el oficio, el juez se limitó a dar cumplimiento a la previsión legal informando de la posibilidad de que se practicara el registro, "sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas".
![_07MAX202604734069 (2).jpg](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11300528.jpg?p=c:3997:2254:nowe:0:164\/w:1706\/h:960&h=GFeJpz8I"])
Es decir, el Ayuntamiento sabía que la justicia iba a requerir información de manera inminente en sus dependencias, pero desconocía por completo el cuándo, el qué y el quién.
Para blindar la operación, el tribunal añade un último dato crucial en su comunicado: el oficio incorporaba una "advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de la revelación de cualquier información relacionada con las mismas".
Con esta aclaración, la justicia soriana sitúa la pelota en el tejado del estricto procedimiento administrativo, enmarcando el polémico aviso dentro de la normalidad institucional que exige la ley.
