Denuncian un monopolio en contratos de aborto en Castilla y León: “En la cúspide tenían que saberlo”

La Fundación Abogados Cristianos ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión de contratos públicos sanitarios en varias provincias de la comunidad autónoma.

La acción judicial atribuye al presidente de la Junta, y ahora candidato del PP, posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal, alteración de precios en concursos y subastas públicas, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

La organización asegura que intentó previamente mantener reuniones con el presidente autonómico para abordar estas cuestiones y no porque ahora sea tiempo electoral se saca este tema.

“Llevábamos tiempo solicitando una reunión para que nos explicase todas estas irregularidades. Al no recibir respuesta, no nos ha quedado más remedio que acudir a la vía judicial”, afirma la presidenta Polonia Castellanos.

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Según la querella a la que ha tenido acceso este medio, las supuestas irregularidades se habrían producido en al menos nueve expedientes de contratación vinculados a servicios relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo en las provincias de Salamanca, Ávila, Zamora, Valladolid, León, El Bierzo y Palencia.

Todos los expedientes señalados, según la organización denunciante, habrían sido adjudicados a la empresa Ginemédica S.L., que —de acuerdo con la querella— controla de facto este tipo de contratos en Castilla y León.

La presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, aclaró que la querella se dirige directamente contra el presidente de la Junta y no contra la administración autonómica en su conjunto.

“La querella se ha presentado contra Alfonso Fernández Mañueco porque la responsabilidad penal recae sobre las personas”, explicó. Según señaló, la decisión de dirigir la acción contra el jefe del Ejecutivo autonómico se debe a que las supuestas irregularidades se habrían producido en múltiples provincias de la comunidad.

“Al ser en todas las provincias de Castilla y León y seguir siempre la misma estrategia, entendemos que el responsable último es el presidente de la Junta”, sostuvo.

La organización sostiene que la propia documentación administrativa muestra “un patrón de irregularidades prolongado en el tiempo y extendido por distintas provincias”.

Entre los hechos denunciados se encuentran sobrecostes en prórrogas contractuales, admisión de subsanaciones presuntamente contrarias a la normativa de contratación pública, tolerancia de incumplimientos técnicos graves, exclusión irregular de licitadores competidores y diseño de pliegos que, en la práctica, habrían favorecido situaciones de monopolio.

"Un entramado"

La presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, aseguró durante la presentación de la querella que “nos encontramos ante un entramado de adjudicaciones presuntamente irregulares que, según refleja la propia documentación administrativa, siempre termina beneficiando a la misma empresa”.

Según explicó Castellanos, el análisis de los contratos revelaría que “todas las actuaciones, absolutamente todas, son tendentes a favorecer exclusivamente a un centro de abortos en Castilla y León”.

A su juicio, los expedientes muestran decisiones administrativas que habrían eliminado la competencia en diferentes provincias para favorecer siempre al mismo adjudicatario.

Uno de los elementos que destaca la querella se refiere al precio de los contratos una vez prorrogados. De acuerdo con la organización denunciante, cuando la empresa adjudicataria ganó el contrato con una oferta a la baja, ese precio debería mantenerse en las prórrogas.

Sin embargo, aseguran que en varios expedientes se incrementó posteriormente el importe.

“Cuando se adjudica un contrato porque una empresa hace una oferta a la baja, ese precio debería respetarse en todas sus prórrogas. Lo que nos encontramos es que se adjudica con ese precio reducido, pero las prórrogas se firman con un precio superior, lo cual es ilegal”, afirmó Castellanos.

La querella cifra en 60.495 euros el perjuicio económico directamente cuantificable en dos expedientes concretos correspondientes a Zamora y Ávila derivados, según la denuncia, de prórrogas formalizadas sin respetar el precio adjudicado inicialmente.

Diferencias de precios entre provincias

Otro de los puntos que se subrayan es la disparidad en los precios por procedimientos idénticos. Según la organización, se han detectado diferencias de hasta un 82,5% dependiendo de la provincia.

“Nos encontramos con desigualdades importantes: el mismo centro puede cobrar hasta un 82,5% más por un aborto en Palencia que en otras provincias de Castilla y León”, señaló Castellanos, quien atribuye esta situación a la eliminación de competencia en determinados concursos públicos.

En algunos expedientes, según la querella, la falta de concurrencia efectiva coincidió con precios más elevados. Además, la organización afirma haber detectado indicios de ofertas de cobertura para simular concurrencia, el uso de normativa presuntamente derogada para justificar prórrogas contractuales y la publicación de datos económicos incorrectos en el portal de transparencia, donde en algunos casos aparecería una adjudicación con importe de “cero euros”.

Otro de los aspectos recogidos en la querella es la supuesta admisión de subsanaciones que, según la fundación, no estarían permitidas por la normativa de contratación pública.

Castellanos explicó que en algunos procedimientos la empresa adjudicataria no habría incluido toda la documentación necesaria en el sobre de licitación, como la acreditación de solvencia técnica o determinados consentimientos informados. Aun así, asegura que se le habría permitido completar posteriormente esa documentación.

“En contra de la ley se permiten subsanaciones cuando la ley no las permite”, afirmó. Según su versión, incluso una interventora habría votado en contra de la decisión al considerar que se estaba otorgando un trato de favor contrario a la normativa.

Posible monopolio en la comunidad

La querella también denuncia que los contratos no se habrían dividido en lotes, una práctica que en contratación pública suele emplearse para favorecer la concurrencia de varias empresas. En su lugar, según Abogados Cristianos, el diseño de los pliegos habría provocado que una sola compañía concentrara la práctica totalidad de los contratos.

“Nos encontramos ante un monopolio en todo Castilla y León”, afirmó Castellanos. “Hay otras empresas que realizan esta actividad en provincias como Salamanca, pero en los concursos se eliminan o se les aplican criterios distintos”.

Según explicó, en muchos casos las pacientes de distintas provincias terminan siendo derivadas a centros ubicados en Valladolid, donde se encuentra la clínica de la empresa adjudicataria.

Solicitud de suspensión cautelar

Además de la investigación penal, la organización ha solicitado la suspensión cautelar inmediata de las prórrogas contractuales actualmente en vigor, con el objetivo, según sostiene, de evitar que continúe produciéndose un perjuicio económico para las arcas públicas.

La querella deberá ahora ser estudiada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, órgano competente para investigar a aforados autonómicos como el presidente de la Junta.

Si la sala admite a trámite la querella, se abriría una fase de instrucción para determinar si existen indicios suficientes de delito y quiénes serían los responsables. Castellanos subrayó que la querella tiene carácter indiciario.

“Los hechos están documentados; será la fase de instrucción la que determine si el responsable era Fernández Mañueco o si hay otros responsables”.

Castellanos también detalló que la empresa señalada en los contratos, Ginemédica S.L., tendría su centro principal en Valladolid y no en todas las provincias afectadas, lo que, a su juicio, refuerza la sospecha de concentración de adjudicaciones. Según explicó, pese a que existen clínicas o empresas del mismo sector en otras provincias, los concursos públicos terminan adjudicándose siempre a la misma compañía.

“Hay empresas que realizan esta actividad en Salamanca y en otras provincias, pero se eliminan como competidores y se termina beneficiando siempre a la misma empresa”, afirmó.

Respecto al volumen económico de los contratos, la presidenta de la fundación señaló que el cálculo exacto del perjuicio público todavía debe determinarse con precisión durante una investigación judicial.

No obstante, citó como ejemplo uno de los expedientes analizados, donde la diferencia derivada de las prórrogas supondría entre 60.000 y 70.000 euros anuales.

“Solo en uno de los casos el sobrecoste supera los 60.000 euros, pero desconocemos cuál puede ser la cifra total porque hay diferencias de precios entre provincias que habría que analizar en profundidad”, indicó.

Asimismo, al ser preguntada por posibles vínculos políticos de la empresa, Castellanos señaló que el fundador de la sociedad había tenido relación con el PSOE, aunque evitó afirmar que exista una conexión directa con la Junta actual.

“Casualidad podría ser una irregularidad aislada. Pero cuando encontramos nueve irregularidades en distintas provincias y siempre en beneficio de la misma empresa, entendemos que es necesario que se investigue”, concluyó.