Villa del Prado en Valladolid
La Junta defiende la descalificación de VPO en Villa de Prado y niega irregularidad: “No es para estar preocupados”
La hasta hace unas semanas directora general de Vivienda y actual candidata del PP por Valladolid a las Cortes autonómicas, María Pardo, ha señalado que procesos similares se producen en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Asturias o Castilla-La Mancha.
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La descalificación de varias viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio vallisoletano de Villa de Prado ha reabierto el debate sobre la política de vivienda en Castilla y León en plena campaña de elecciones.
La decisión de la Junta ha salido adelante pese a la existencia de informes contrarios tanto del Ayuntamiento de Valladolid como de técnicos de la propia administración autonómica.
El barrio, conocido popularmente como “Villa Gaviota” por las críticas surgidas años atrás sobre la adjudicación de viviendas protegidas a personas cercanas al PP, vuelve así al centro de la polémica.
La Dirección General de Vivienda ha desestimado los informes que desaconsejaban levantar la protección de estas viviendas, lo que permitiría a sus propietarios venderlas en el mercado libre y obtener plusvalías tras el fuerte incremento del precio de la vivienda en los últimos años.
Según las informaciones publicadas por El País, la Junta habría fundamentado la resolución en una normativa estatal de 1968, mientras que los informes técnicos recordaban la existencia de una ley autonómica de 2010 que limita las descalificaciones cuando la administración local se opone, precisamente para evitar beneficios económicos individuales derivados de viviendas que en su día recibieron ayudas públicas.
Las justificaciones de Pardo
Ante la polémica, la hasta hace unas semanas directora general de Vivienda y actual candidata del PP por Valladolid a las Cortes autonómicas, María Pardo, ha defendido la actuación de la Junta y ha asegurado que Castilla y León es “líder en política de vivienda”.
En la misma línea se ha mostrado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha asegurado que todo se ha realizado "según la legalidad".
La candidata popular también ha defendido que el procedimiento de descalificación seguido en Villa de Prado es “un procedimiento legal que ha seguido su curso y que reúne los requisitos legales”.
Además, ha señalado que procesos similares se producen en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Asturias o Castilla-La Mancha.
Como ejemplo, ha aportado datos sobre el volumen de descalificaciones en la ciudad. Según ha explicado, en Valladolid se han descalificado 215 viviendas en los últimos doce años, lo que equivale a unas veinte al año. “No creo que sea como para estar preocupados”, ha señalado.
Pardo ha recordado además que la competencia en materia de vivienda corresponde a las comunidades autónomas y ha defendido la normativa vigente en Castilla y León. A su juicio, la ley estatal de vivienda impulsada por el Gobierno central ha tenido “consecuencias negativas” y ha pedido al PSOE que la derogue.
Según Pardo, la comunidad es un referente nacional en este ámbito porque “aquí trabajamos y hacemos viviendas”, frente a lo que considera promesas incumplidas del Partido Socialista. En este sentido, ha criticado que el PSOE anunciara la construcción de 184.000 viviendas y ha reprochado que “todavía estamos esperando a que una sola se promueva aquí, en Valladolid”.
Respecto a las críticas por la ausencia de informes favorables y por la oposición del Ayuntamiento de Valladolid, Pardo ha explicado que el informe municipal solicitado durante la tramitación “no era preceptivo ni vinculante”.
Según su versión, fue solicitado por iniciativa de un funcionario y, por tanto, su contenido no condicionaba la resolución final.
La exdirectora general ha señalado que la administración autonómica se limitó a resolver un recurso de alzada “en derecho” y ha defendido que, si existen discrepancias, los afectados pueden acudir a los tribunales, algo que considera parte normal del funcionamiento administrativo.
En relación con el uso de una normativa de 1968 para fundamentar la decisión, Pardo ha restado importancia a su antigüedad. Ha recordado que en el ordenamiento jurídico español siguen vigentes leyes de décadas anteriores, como la ley de expropiación forzosa de los años cincuenta o el propio Código Civil del siglo XIX.
En este caso, ha explicado, la norma aplicable es la vigente en el momento en que las viviendas fueron calificadas como protegidas, dentro de un régimen transitorio.
Por ello, ha insistido en que “no hay ninguna irregularidad” y ha transmitido un mensaje de “absoluta tranquilidad” sobre el proceso.
Posibles cambios
Pardo también ha reconocido que el régimen de descalificación de viviendas protegidas está siendo objeto de análisis por parte de la Junta.
Según ha explicado, el Gobierno autonómico ya ha eliminado esta posibilidad en algunos ámbitos, como en determinadas promociones impulsadas directamente por la administración pública o en proyectos de vivienda colaborativa.
No obstante, ha recordado que en promociones anteriores debe aplicarse el régimen jurídico vigente en el momento de su calificación, por lo que modificarlo de forma retroactiva no sería posible.
La candidata popular ha señalado que el Ejecutivo autonómico estudia posibles cambios de cara al futuro, en diálogo con la sociedad civil y los agentes del diálogo social, siempre que cuente con el respaldo de los ciudadanos.
En su opinión, también es necesario tener en cuenta el impacto de las regulaciones sobre el mercado. Pardo ha advertido de que imponer demasiadas restricciones podría desincentivar a los promotores privados a construir vivienda protegida, lo que acabaría reduciendo la oferta disponible.
La defensa de la política de vivienda
Durante su intervención, Pardo ha aprovechado para reivindicar la política de vivienda desarrollada por la Junta en los últimos años. Según ha afirmado, Castilla y León es la única comunidad autónoma en la que está creciendo la oferta de vivienda en alquiler, algo que atribuye a que el Gobierno autonómico ha evitado aplicar algunas de las medidas incluidas en la ley estatal de vivienda.
También ha defendido que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco ha puesto en marcha “la maquinaria de la construcción de viviendas” y ha destacado que el Partido Popular se compromete a impulsar al menos 600 nuevas viviendas en Valladolid.
En este contexto, ha pedido al Partido Socialista que colabore y aporte financiación estatal para nuevos proyectos de vivienda en la comunidad. Según ha señalado, la Junta sigue a la espera de conocer los detalles del plan estatal de vivienda que, a su juicio, debería haberse aprobado ya.
Pardo ha concluido con un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes y a las personas con dificultades de acceso a la vivienda, asegurando que el objetivo del Gobierno autonómico es centrarse en “construir más viviendas: de dónde, cuándo y cómo”, frente a lo que considera debates sobre cuestiones del pasado.
