El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, participa en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública.
La Junta rechaza la propuesta del Gobierno de reducir a dos años la duración de nombramientos de interinos
El Gobierno autonómico expresa su disconformidad con establecer un régimen sancionador por infracciones en materia de temporalidad en el empleo público.
Más información: El sueño de ser funcionario: Castilla y León adjudica de forma definitiva cerca de 3.500 puestos de trabajo públicos
El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha participado en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública.
Un encuentro presidido por el ministro de Transformación Digital y Función Pública del Gobierno de España, Óscar López, y al que han asistido diferentes representantes públicos de todas las comunidades autónomas.
Dentro del orden del día, el Gobierno ha trasladado su intención de modificar el llamado Trebep, es decir, la versión refundida del Estatuto Básico del Empleado Público que entró en vigor en 2015 y cuya última redacción data de 2021.
Del mismo modo, el ministro ha informado de la intención del Gobierno de modificar la Ley de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El objetivo de ambas, según informan desde la Junta, es el de "endurecer las limitaciones de permanencia del personal interino en el servicio público a dos años, en lugar de tres, como señala la norma en vigor".
De este modo, el Gobierno establece sanciones para las administraciones públicas que incurran en irregularidades relacionadas con la duración de estos nombramientos o contratos.
González Gago ha expresado el rechazo de la Junta a la limitación en los nombramientos del personal interino. Considera que esta medida "no tiene en cuenta la realidad operativa" de sectores como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Asimismo, el consejero afirma que los "esfuerzos" del Gobierno autonómico para estabilizar las plazas de estos empleados públicos deben ir acompañados de la "garantía de continuidad y calidad" de los mismos.
Además, Gago incide en que la aprobación de una Oferta Pública de Empleo y el desarrollo del posterior proceso selectivo para incorporar funcionarios de carrera requiere "un tiempo superior a dos años". Por tanto, tilda la limitación de "ineficiente".
En este sentido, y tal y como reconoce el consejero, “establecer un plazo máximo de dos años de forma generalizada y sin excepciones podría provocar disfunciones en la prestación de servicios básicos, dificultar la gestión ordinaria de los recursos humanos, y limitar la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones imprevistas o coyunturales”.
Por otro lado, la Junta de Castilla y León también se ha opuesto a la propuesta de modificar la Ley de Transparencia para incluir un régimen sancionador específico relacionado con la temporalidad en los nombramientos o contratos.
El Gobierno autonómico considera que esta ley "no es el instrumento adecuado para regular ni controlar aspectos vinculados a la contratación o a la gestión del personal en las Administraciones Públicas".
Como ha resaltado González Gago, “desde el Gobierno autonómico defendemos que la temporalidad y la estabilidad en el empleo deben abordarse mediante la normativa laboral y administrativa específica, respetando las competencias de cada ámbito y evitando la generación de duplicidades o conflictos normativos que podrían complicar la gestión pública sin aportar mayor seguridad jurídica ni eficacia en la lucha contra la temporalidad”.
En este sentido, la Junta de Castilla y León sí que ha aceptado la propuesta del ministro de crear un aplicativo informático que facilite el control y seguimiento de la temporalidad en las Administraciones Públicas, reconociendo que esta herramienta podría contribuir a una gestión más transparente y eficiente del empleo público.
Asimismo, el Gobierno autonómico se muestra conforme con el resto de propuestas recogidas en el orden del día de la Conferencia Sectorial.
Destacan medidas para impulsar la transformación digital de las Administraciones Públicas, facilitando trámites más ágiles y accesibles para los ciudadanos, y la creación de un Grupo de Trabajo destinado a desarrollar una red de interconexión entre servicios de atención al ciudadano, que permitirá una coordinación más eficiente y una respuesta más rápida a sus necesidades.
