Agua embotellada en un restaurante
Queja contra un restaurante vallisoletano por cobrar dos euros por agua no embotellada
El Procurador del Común pide a la Consejería que dé una respuesta al cliente tras una denuncia presentada hace más de seis meses.
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El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que reprocha a la Junta por la falta de respuesta a una denuncia presentada hace más de seis meses contra un restaurante vallisoletano.
Se le acusa de haber cobrado 2 euros por servir agua no embotellada, sin que dicho cobro estuviera indicado en la carta del establecimiento.
La queja fue formulada el 22 de octubre de 2024 ante el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid, y denunciaba una posible infracción de los derechos del consumidor recogidos en la Ley 2/2015 del Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
Sin embargo, según el informe recibido por el Procurador, el expediente no ha sido resuelto ni se ha informado al denunciante sobre el estado de su tramitación, incumpliendo así los plazos legales.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha justificado el retraso por el elevado volumen de expedientes, afirmando que la reclamación será tramitada "en el plazo más breve posible".
No obstante, el Procurador ha recordado que la ley establece un máximo de seis meses para resolver procedimientos sancionadores y que la falta de respuesta vulnera el derecho de los ciudadanos a una buena administración.
Tomás Quintana, Procurador del Común, ha subrayado que este caso ejemplifica una situación que genera “incertidumbre indefinida” para los denunciantes y ha instado a la Junta a habilitar los medios personales y materiales necesarios para evitar que las demoras administrativas se conviertan en norma.
En su resolución, el Procurador formula dos recomendaciones principales: la necesidad de responder sin dilación a la denuncia presentada y la valoración de refuerzos en recursos humanos y técnicos para garantizar la tramitación dentro de los plazos previstos por la normativa.
Asimismo, recuerda que los principios de celeridad, eficacia y legalidad deben guiar la actuación de cualquier Administración pública, tal como establece la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
La Consejería dispone ahora de un plazo de dos meses para comunicar si acepta o no la resolución. Mientras tanto, el caso será publicado en la web oficial del Procurador del Común, salvaguardando la identidad del denunciante.
Esta intervención se enmarca en las funciones de vigilancia de la legalidad y protección de los derechos ciudadanos que ejerce el Procurador del Común en Castilla y León.
