La condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña con el Estado, un 20% del total de 71.852 millones, como parte del acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez, ha generado una gran irritación en otras comunidades que se consideran agraviadas por ese trato preferencial dado por el Ejecutivo a los independentistas catalanes a cambio de sus votos. Un descontento al que se ha sumado la Junta de Castilla y León.

Este mismo jueves, el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba que acudirá a los tribunales ante un acuerdo que "genera desigualdad entre los españoles" y que concedía carta de naturaleza a "favoritismos" que supondrían "agravios para Castilla y León y para España". Con todo, poco después de anunciarse el acuerdo, se conoció que el Estado condonará el 20% del dinero que adeuda Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que la medida se hará extensible al resto de comunidades autónomas, también a Castilla y León.

En concreto, la quita de la deuda de Sánchez a Cataluña supondría una condonación mínima de 393 millones de euros para la Comunidad si finalmente se termina aplicando ese mismo criterio de generosidad. Actualmente, Castilla y León tiene una deuda de 1.966 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aunque es previsible que el Ejecutivo autonómico dirigido por Mañueco reclame, además de ese 20% de quita, una mejora en el modelo de financiación, en la línea de otros presidentes autonómicos populares como el andaluz Juan Manuel Moreno.

Precisamente, el presidente de la Junta ofreció un gran pacto sobre financiación autonómica a los grupos de la oposición en el debate del Estado de la Comunidad, tratando de lograr una posición común ante esta cuestión. En concreto, Mañueco se marcó el objetivo de impulsar la renovación del modelo de financiación autonómica y fijar "una postura común" en el debate nacional sobre cuestiones como la condonación de deuda y los pactos fiscales. Una histórica reivindicación que hace presagiar que la Junta se sumará a otras comunidades en la lucha por una financiación más justa y que esos 393 millones podrían verse, finalmente ampliados.

La rebelión de varias comunidades se ha producido después de que el ministro de la Presidencia y jefe del equipo negociador del PSOE, Félix Bolaños, firmase este jueves un acuerdo con el dirigente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para garantizar el voto favorable de los republicanos en la investidura de Pedro Sánchez, que tendrá lugar, previsiblemente, la próxima semana.

El pacto entre ambos partidos contempla la quita de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el FLA, es decir, ese 20%, además de otras medidas como el traspaso a la Generalitat de la competencia de Rodalies –los trenes de cercanías catalanes–, que será gestionada por una empresa pública participada al 50% por el Gobierno, y la polémica Ley de Amnistía. Junqueras aseguró, tras el anuncio del acuerdo, que sería una amnistía "para todos" incluyendo "a los Tsunami y los CDR" que protestaron contra sentencias "marcadamente injustas"

Al PSOE aún le queda garantizarse el voto de los siete diputados de Junts, claves para que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante, después de que una reunión de la formación independentista este jueves en Bruselas, presidida por el expresident fugado Carles Puigdemont, terminase sin acuerdo, al parecer por cierta disconformidad de la formación con un párrafo de la Ley de Amnistía.

Hasta 14 comunidades podrían beneficiarse

Un total de 14 comunidades podrían beneficiarse de esa condonación de la deuda anunciada por el Gobierno si finalmente se hace extensible a todas las autonomías de España. La que debe más dinero del FLA es Cataluña, con un total de 71.852 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 46.274 millones, Andalucía, con 25.276, Castilla-La Mancha, con 11.069 y Murcia, con 9.762.

Muy por detrás se encuentran las comunidades de Aragón, que adeuda 4.940 millones de euros, Baleares, que debe 4.828, Cantabria, con 3.100, Galicia, con 2.759 y Extremadura, con un total de 2.288. Solo después llega Castilla y León, con esos 1.966 millones de deuda, que se encuentra seguida de Canarias, con 1.296, Asturias, con 858, y La Rioja, con 758 millones de euros. Las únicas tres comunidades que no deben dinero del FLA son la Comunidad de Madrid, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, las dos últimas por no ser de régimen común. Una medida que, si finalmente se aplica a todas las comunidades, supondría una quita de, como mínimo, 393 millones de euros para la Comunidad.