CCOO Castilla y León ha culminado su proceso de Expediente de Regulación de Empleo con la aprobación unánime por parte del comité de empresa. Lo que inicialmente afectaba a 58 empleados, ha sido reducido a 30 tras "intensas sesiones" de diálogo y negociación.

El acuerdo alcanzado se presenta como una solución que busca atender las necesidades de los empleados afectados por esta medida, especialmente aquellos con edades iguales o superiores a 59 años. En este sentido, un aspecto destacado del acuerdo son los planes de rentas que se han diseñado para brindar seguridad financiera a nueve individuos en esta franja de edad. Estos planes apuntan a proporcionar un respaldo concreto a aquellos que enfrentan la inminente jubilación.

Además, entre los empleados afectados, se encuentran personal administrativo y trece personas vinculadas a diversos programas que surgieron de los acuerdos del Diálogo Social. La decisión de la organización sindical de incluir a estos empleados en el acuerdo reafirma su compromiso de garantizar un trato justo y equitativo para todos los miembros afectados por la reestructuración.

Para complementar estas medidas, el pacto también incluye un conjunto de disposiciones para apoyar a los empleados en su transición laboral. Estas medidas de acompañamiento abarcan un plan de recolocación que busca facilitar nuevas oportunidades profesionales, así como el acceso al servicio de orientación laboral de FOREMCyL. Además, se ha acordado la creación de una bolsa de empleo que se activará en el momento en que los acuerdos actualmente vigentes sean restablecidos.

El proceso alcanzó su culminación el día de hoy, 17 de agosto, con la aprobación del informe emitido por la Inspección de Trabajo, que certifica la adecuación y legalidad del proceso. 

El sindicato ha recordado que la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León marcó un cambio en las políticas que afectaron a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores. Desde ese momento, creen que se presenciaron decisiones que debilitaron la posición de los sindicatos, y "se dieron de baja" acuerdos del Diálogo Social que cubrían aspectos fundamentales como la prevención de riesgos laborales, los servicios de inmigración, la orientación laboral para los empleados activos y desempleados, así como el Servicio de Mediación Laboral (SERLA), entre otros.