La muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, y la aprobación de la Constitución Española, el 6 de diciembre de 1978, iniciaron la construcción del Estado autonómico en España. La nueva Carta Magna, en su segundo artículo, consagraba el "derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones" y muy pronto las regiones históricas iniciaron procesos autonómicos que finalizaron con la aprobación de Estatutos de Autonomía, como normas institucionales básicas. Castilla y León no fue una excepción, aunque vivió durante este proceso las complicaciones propias de su extensión y de la realidad de albergar dos regiones históricas en su seno.

La Constitución daba dos posibilidades para impulsar los Estatutos, la 'vía lenta', que se basaba en el artículo 143, y la 'vía rápida', plasmada en el artículo 151. La primera concedía el derecho a una autonomía reducida, ya que no se disponía de todas las competencias que eran son exclusivas del Estado en el momento de constituirse, mientras que la segunda concedía el derecho a la autonomía completa.

Castilla y León usó la 'vía lenta', mientras que las regiones que habían tenido Estatutos durante el periodo de la Segunda República –Cataluña, Galicia y País Vasco– optaron por la 'vía rápida' e impulsaron sus normas entre 1979 y 1981, algunos años antes. Andalucía también terminaría logrando aprobar su Estatuto por la 'vía rápida' ya que, aunque no tuvo esta norma en el periodo de la Segunda República, fue aprobado por mayoría absoluta de los electores de cada una de las provincias andaluzas, que era otra de las fórmulas posibles.

Movilizaciones y Villalar: el sentimiento autonómico en auge

Al calor de ese proceso preautonómico se constituyó en el municipio palentino de Monzón de Campos, en julio de 1978, el Consejo General de Castilla y León, que fue el organo encargado de impulsar el proceso que culminaría, casi cinco años después, en la aprobación del Estatuto. Durante esos años se produjeron manifestaciones multitudinarias en diferentes localidades castellanas reclamando el Estatuto y la conformación de la autonomía, siendo especialmente relevante la convocada en Burgos en 1978 o la de Valladolid un año antes.

Además, se convocaron también las primeras movilizaciones los días 23 de abril en el municipio de Villalar de los Comuneros. En 1976 ya se había celebrado una convocatoria aún ilegal, promovida por el Instituto Regional de Castilla y León, que en 1977 fue legalizada y congregó a más de 20.000 personas reivindicando la autonomía para Castilla y León en la localidad vallisoletana. 

En 1978, más de 200.000 personas se congregaron en Villalar, un récord histórico, para reivindicar la autonomía y la libertad de los ciudadanos, mientras que en 1979 los asistentes se redujeron a la mitad. Esa tónica fue la dominante entre 1980 y 1983, con movilizaciones mucho menos numerosas y capitalizadas en su mayor parte por las formaciones de izquierda, presionando para que la Comunidad por fin se conformase.

Dificultades para la aprobación del Estatuto: la diversidad identitaria

En el caso de Castilla y León, existían diversas dificultades de base de cara a la aprobación del Estatuto. La nueva Comunidad que se quería impulsar se encontraba basada en la unión de dos regiones históricas: Castilla La Vieja y la Región Leonesa. Además, dos de las antiguas provincias de Castilla La Vieja, Santander y Logroño, se encontraban impulsando sus propios procesos y, por tanto, se desligaron de la nueva Comunidad. Quedaban, por tanto, las tres provincias leonesas: León, Zamora y Salamanca, y las seis pertenecientes a Castilla La Vieja menos las dos que habían impulsado sus procesos por separado: Palencia, Valladolid, Ávila, Burgos, Soria y Segovia. Pero las complicaciones no finalizarían aquí.

En julio de 1981, la Diputación de Segovia iniciaría el proceso de cara a que la provincia se constituyese en una comunidad autónoma propia y del total de 210 municipios de la provincia, 178 votaron favorablemente esta decisión. Pero la capital segoviana votaría de forma contraria a esta iniciativa y, finalmente, las Cortes Generales impusieron la incorporación de la provincia de Segovia al proceso autonómico de Castilla y León. Con todo, 54 senadores terminaron presentando un recurso de inconstitucionalidad en contra de la incorporación de Segovia a la nueva Comunidad, aunque finalmente, en el mes de noviembre de 1984, el Tribunal Constitucional terminaría declarando la norma recién aprobada como conforme con la Constitución.

La cuestión leonesa también fue un importante hándicap en la constitución de la nueva Comunidad. La Región Leonesa contaba con una fuerte identidad histórica y esto terminó generando un rechazo en parte de su población acerca de la idea de unirse a la nueva comunidad de Castilla y León. Pocos meses después de la aprobación del Estatuto, en junio de 1983, el Grupo de Alianza Popular en el Senado terminó presentando un recurso de inconstitucionalidad también en relación a la incorporación de León a la nueva autonomía, aunque en septiembre de 1984 el Tribunal Constitucional terminó fallando en favor de la incorporación.

Otra problemática fue la del Condado de Treviño, que se encuentra ubicado geográficamente en Álava pero que pertenece a la provincia de Burgos desde la división provincial de Javier de Burgos en 1833. Después de la configuración de la autonomía, no fueron pocas las voces que pidieron su incorporación al País Vasco, un sentimiento que sigue vigente hoy en día ya que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue la fuerza más votada en el Condado de Treviño en las últimas elecciones generales de noviembre de 2019. También pendiente queda la cuestión de El Bierzo, donde existe una potente identidad propia separada de la leonesa y que en 1991 consiguió, finalmente, su añorada constitución como Comarca, la única oficial de la Comunidad.

La llegada del Estatuto

El texto del Estatuto se terminaría aprobando después de meses de difíciles negociaciones entre la Unión de Centro Democrático (UCD) y el PSOE, las dos fuerzas mayoritarias en ese momento en España, en junio de 1981. Pero la tramitación parlamentaria del mismo tuvo que esperar, ya que, a esas complicaciones de carácter territorial, se sumaría la convocatoria de elecciones generales anticipadas en el mes de octubre de 1982. Finalmente, el 22 de febrero de 1983 fue aprobado en el Congreso el Estatuto de Autonomía de Castilla y León –el último que se aprobaba en España– con un total de 208 votos favorables, 100 abstenciones, cuatro votos negativos y dos nulos.

El Estatuto cuenta con un preámbulo, 7 títulos -que engloban 91 artículos-, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Se han llevado a cabo tres grandes reformas a lo largo de su historia después de su aprobación definitiva el 25 de febrero de 1983, hace ahora 40 años: la de 1994, por la cual se asumieron algunas competencias a mayores para la comunidad, la de 1999, que incluyó la posibilidad de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y la última del año 2007 que reconocía a Castilla y León como una "comunidad histórica y cultural reconocida". Además, esta reforma incluía por vez primera la protección del leonés y del gallego en los lugares en los que se utilicen.

El actual Título I contempla un catálogo de derechos de los ciudadanos de Castilla y León y la definición de los principios rectores que deberían orientar las políticas públicas de la Comunidad. El Título II se enmarca en la regulación de las funciones de las Cortes, del Presidente y de la Junta de Castilla y León. El Título III trata sobre la organización territorial de la comunidad y en esta última reforma se dio un impulso a la autonomía local, además de reconocerse la singularidad de algunos territorios como la Comarca del Bierzo. El Título IV plasma la regulación de las relaciones de Castilla y León con las instituciones estatales y con otras comunidades y el V perfila la posibilidad de asumir algunas nuevas competencias autonómicas, como la opción de crear una policía autonómica o diferentes cuestiones relativas a la gestión del agua.

40 años después, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León –el que puso el broche final a la configuración del Estado autonómico en España el 25 de febrero de 1983– continua plenamente vigente y sigue sobreponiéndose a esas tensiones y dificultades internas territoriales, que dificultaron su aprobación hace cuatro décadas, con el mismo éxito que en aquel momento.