Este lunes 13 de febrero se cumple un año de una jornada electoral histórica para Castilla y León. Los resultados de los comicios autonómicos, adelantados por primera vez en la historia de la Comunidad tras la ruptura del pacto entre PP y Ciudadanos dos meses antes, propiciaron la configuración del primer Gobierno del que formaba parte Vox en su historia como partido, en virtud del acuerdo anunciado el 10 de marzo, antes de la sesión constitutiva de las Cortes, y al que se vió abocado el PP por la aritmética parlamentaria.

Después de una intensa campaña en la que los líderes nacionales de los diferentes partidos se volcaron con especial intensidad, al ser la primera vez que las elecciones de Castilla y León iban por separado del resto, los resultados de esa noche arrojaron una complicada situación para la gobernabilidad de la Comunidad. El Partido Popular ganó las elecciones pero obtuvo 31 escaños, solo dos más que en 2019, y un 31,40% de los votos, el menor porcentaje histórico en Castilla y León. El PSOE se hundió hasta los 28 escaños, perdiendo siete con respecto a las anteriores elecciones, en las que había sido primera fuerza, con un 30,02% de los sufragios.

Vox, encabezado por el entonces desconocido joven abogado burgalés Juan García-Gallardo, fue la gran sorpresa de la noche, pasando de tan solo un representante a 13 escaños, con un 17,64% de los votos, y convirtiéndose en fuerza determinante para la gobernabilidad. Los otros grandes triunfadores de la jornada fueron la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que logró devolver al leonesismo a sus mejores resultados, con tres procuradores, y Soria Ya, formación naciente de la España Vaciada que logró también tres escaños y arrasó en su provincia.

Por el otro lado, Ciudadanos, siguiendo la tendencia decreciente de su partido a nivel nacional, se hundió, pasando de 12 escaños a solo uno, el que mantuvo in extremis Francisco Igea, y Unidas Podemos también sufrió el desgaste de su partido y pasó de dos procuradores a uno, Pablo Fernández. Por Ávila mantuvo el procurador que logró en 2019. Unos resultados, y unas consecuencias de los mismos, que han marcado la evolución de los partidos de la Comunidad durante el último año y su forma de afrontar tanto las municipales como las generales de 2023.

El Partido Popular, rehén de Vox en Castilla y León

El Partido Popular afrontaba las elecciones con la esperanza de recuperar la histórica mayoría absoluta de la que gozó durante años en Castilla y León. De hecho, la apuesta del entonces líder popular, Pablo Casado, era anotarse un tanto con este anticipo electoral para evitar que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siguiera haciéndole sombra. Pero no logró su objetivo.

El decepcionante resultado de los populares, el peor en porcentaje de votos de su historia, abocó a su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, a echarse en brazos de Vox para sumar una mayoría absoluta, una vez que el PSOE descartó su abstención si el PP no rompía todos sus pactos con Vox a nivel nacional. Mientras tantos, estalló la guerra interna en el PP nacional que desembocó en la destitución de Pablo Casado y el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de la formación.

El 10 de marzo, casi un mes después de los comicios, se anunciaba el acuerdo entre PP y Vox, que daba poder por primera vez al partido de Santiago Abascal en un Ejecutivo en sus ocho años de historia. En concreto, los populares mantuvieron la presidencia de la Junta y siete consejerías mientras Vox amortizaba sus 13 escaños para lograr la vicepresidencia, en manos de Juan García-Gallardo, y tres departamentos: Agricultura y Ganadería, Industria y Empleo y Cultura y Turismo.

Este acuerdo supuso un alejamiento cada vez mayor del PPCyL con respecto al PP nacional –Feijóo no acudió a la toma de posesión de Mañueco y relegó a los populares de Castilla y León a un segundo plano en su nueva Ejecutiva–, quedando el Gobierno de la Comunidad como una incómoda excepción en el intento de giro al centro de Feijóo. Algo que se consagró tras la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno en Andalucía en junio, al que Feijóo puso como ejemplo de moderación.

Mientras tanto, el PP se veía obligado a dar vía libre, por su propia necesidad parlamentaria, a muchas de las iniciativas más polémicas de Vox, convirtiéndose en rehén de los de García-Gallardo. El recorte en las subvenciones a los agentes del Diálogo Social, el Decreto de Concordia, la nueva Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la disolución del Serla o la polémica sobre el conocido como protocolo antiaborto, han sido solo algunas de las cuestiones en las que, a pesar de las declaraciones contradictorias entre uno y otro partido, los populares nunca han terminado de desautorizar a sus socios.

El PP de Castilla y León afronta, pues, las elecciones municipales de mayo con el temor a un posible impacto electoral de este año de Ejecutivo con Vox y siendo este Gobierno un escollo para las intenciones de Feijóo de impulsarse como líder moderado y centrista de cara a las generales.

El PSOE, de la caída a una dura oposición

El PSOE de Luis Tudanca sufrió un duro varapalo en las elecciones del pasado 13 de febrero. En los anteriores comicios había logrado ser primera fuerza autonómica, con 35 escaños, aunque el pacto de PP y Ciudadanos impidió a los socialistas llegar al Gobierno regional. En febrero de 2022, en cambio, el PSOE sufrió un desplome, perdiendo siete escaños, hasta los 28, y perdiendo toda posibilidad de encabezar un Ejecutivo. El propio Tudanca dejó entrever que podía dar un paso al lado tras los resultados, aunque finalmente decidió continuar al frente del partido.

Las negociaciones con el Partido Popular tras las elecciones fueron infructuosas, de hecho la primera reunión entre Mañueco y Tudanca duró la friolera de 15 minutos, y los socialistas se limitaron a ofrecer al PP su abstención con la condición de que los populares rompieran todos sus pactos externos con Vox en España, algo inasumible para la formación dirigida por Mañueco, ya que de ello dependían la mayor parte de sus Gobiernos en la geografía nacional.

Desde que se configuró el pacto, aquel 10 de marzo que Tudanca definió como "un día para la infamia", el PSOE comenzó a llevar a cabo una dura oposición contra el nuevo Ejecutivo y los intercambios dialécticos de los socialistas en las Cortes con el PP pero sobre todo con Vox, y especialmente con el vicepresidente García-Gallardo, comenzaron a ser habituales. El número dos de la Junta llamó a los socialistas "banda criminal" en una sesión plenaria y el PSOE ha intentado reprobarle en varias ocasiones desde que se inauguró la legislatura.

Los socialistas han sabido aprovechar este clima crispado para consagrarse como el 'partido anti-Vox' de la región y han proyectado a nivel nacional la idea de que lo que sucede en Castilla y León es lo que le espera a España si en las generales lograsen sumar mayoría absoluta Feijóo y Abascal. Con esa inercia, los socialistas afrontan las municipales con el objetivo de mantener sus cinco alcaldías en grandes ciudades de la región y que estas sirvan como contrapeso de las políticas Ejecutivo regional.

Vox y su laboratorio de experimentación

Vox fue una de las grandes sorpresas de la noche electoral del 13 de febrero, pasando de un solo procurador a 13 y convirtiéndose en llave de la gobernabilidad en la Comunidad. En la misma noche electoral, el líder del partido, Santiago Abascal, ya aseguraba que veía al candidato regional, el joven abogado burgalés Juan García-Gallardo, con "cara de vicepresidente" y sus presagios se cumplieron. Vox entró en un Gobierno por primera vez en su historia, siendo la primera formación a la derecha del PP que tocaba poder desde la muerte del dictador Francisco Franco.

Vox ha utilizado Castilla y León desde que llegó al Gobierno como un auténtico laboratorio de experimentación de las políticas que quiere llevar a cabo a nivel nacional, y con éxito. Desde que se anunció el pacto, el 10 de marzo, varios puntos del acuerdo ya mostraban que la formación de García-Gallardo había sabido hacer penetrar varias de sus medidas estrella a pesar de ser el socio minoritario del Gobierno. En concreto, se hablaba de violencia intrafamiliar, inmigración ordenada y luchar contra el adoctrinamiento en las aulas, entre otros aspectos, que el PP rubricó sin problema a pesar de haber legislado en sentido opuesto tradicionalmente en la región.

Tras las negociaciones, Vox logró tres importantes consejerías para sus intereses: la de Industria y Empleo, la de Agricultura y Ganadería y la de Cultura y Turismo, además de la vicepresidencia para García-Gallardo. La de Industria y Empleo ha sido la que ha logrado un mayor protagonismo con iniciativas polémicas como el recorte de 20 millones en subvenciones a sindicatos y patronal o el reciente anuncio de la disolución del Serla. También por la polémica suscitada a raíz de la dimisión del gerente del Ecyl, Javier Moreno, por impartir unos cursos de igualdad que habían sido denunciados en el Ayuntamiento de Valladolid por Vox.

La formación ha sabido llevar el debate político a su terreno con otras iniciativas como la Ley de violencia intrafamiliar, que aún se encuentra en tramitación, el Decreto de Concordia, que aún no se ha impulsado por discrepancias con el PP, y el reciente anuncio del protocolo antiaborto que generó una dura controversia con los representantes populars del Gobierno, que negaron su existencia. También en el ámbito de la memoria histórica, como la reciente iniciativa para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) 190 vestigios del franquismo y la guerra civil. El partido de García-Gallardo ha sabido marcar el debate y lograr una proyección mediática a nivel nacional que Castilla y León nunca había tenido.

Vox encara las elecciones municipales de mayo en un momento delicado en el Gobierno regional, aún con la resaca de la polémica por el protocolo antiaborto, pero tratando de aprovechar su legado de gestión para consagrar la fidelidad de aquellos votantes que les dieron su confianza en las autonómicas. De traducirse aquellos resultados en votos en los comicios municipales, Vox podría llegar a ser determinante en muchas capitales y reproducir, si el PP se presta, Gobiernos como el autonómico en muchos ayuntamientos.

La debacle de Ciudadanos y Unidas Podemos

Ciudadanos y Unidas Podemos sufrieron una debacle en las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero, eco del descenso generalizado a nivel nacional de ambas formaciones. El partido liberal pasó de contar con 12 procuradores, y formar parte del Gobierno autonómico ostentando la vicepresidencia, a mantener tan solo uno, que ocupa actualmente el exvicepresidente Francisco Igea. Por su parte, la formación de izquierdas pasó de dos a solo un procurador, Pablo Fernández, dejando lejos la cifra de 10 representantes que lograron en 2015.

Ambos representantes, a pesar de su distancia ideológica, han formado un auténtico tándem de férrea oposición al Gobierno de PP y Vox durante el último año y, desde su asiento en el Grupo Mixto, han protagonizado encarnizados envites parlamentarios con los representantes de Vox y con el presidente de la Cámara, Carlos Pollán. Igea protagonizó la polémica en la que García-Gallardo le llamó "imbécil" y "presunto delincuente", mientras que Fernández, tras llamar "fascista" al vicepresidente fue obligado por el presidente de las Cortes a bajar de la tribuna parlamentaria, ante las críticas de Igea por la decisión.

Además, el procurador de Ciudadanos ha llegado a acudir en varias ocasiones a los tribunales. Denunció a García-Gallardo por utilizar el escudo de la Junta en un video promocional de Vox y acudió a un acto de conciliación con Carlos Pollán y el procurador de Vox David Hierro por publicar una foto suya sentado en los tribunales en un juicio del que salió absuelto. Con este tipo de actuaciones, Igea se llegó a convertir en una de las caras más visibles de la oposición, a pesar de su soledad parlamentaria, y en uno de los dirigentes más destacados de Ciudadanos a nivel nacional, llegando la presidenta Inés Arrimadas a incluirle en su Ejecutiva. 

Pero todo cambió a raíz del proceso de refundación de la formación liberal. La apuesta de Igea por la candidatura de Edmundo Bal, frente a la apoyada por Arrimadas y encabezada por Patricia Guasp, y sus declaraciones contra la presidenta, apoyando que dejase de ser portavoz en el Congreso, sellaron su sentencia de muerte. Después de que las primarias dieran la victoria a la candidatura de Arrimadas, Igea ha perdido todos sus cargos tanto en la Ejecutiva nacional como en la autonómica y ha sido relegado a un segundo plano, limitándose al máximo sus declaraciones públicas. Pablo Fernández, por el contrario, sigue combinando su presencia en las Cortes como 'azote de Vox' con el cargo de portavoz de Podemos a nivel nacional. 

El éxito de los partidos provinciales

Las elecciones del 13 de febrero contaron con un actor inédito hasta el momento: la España Vaciada. Este movimiento de reivindicación de las zonas más despobladas del país, en auge desde la irrupción en el Congreso de Teruel Existe en 2019, tuvo se reflejo en la Comunidad con candidaturas en todas las provincias, pero solo una de ellas tuvo éxito. Soria Ya, plataforma fundada en 2001 como movimiento ciudadano y que se presentaba por primera vez a unos comicios, se convirtió en la primera fuerza en la provincia, en Soria capital y en los pueblos más importantes del territorio, logrando tres procuradores. El resto de los partidos que llevaban la marca 'España Vaciada' no alcanzaron el suficiente apoyo para obtener procurador, siendo el que más cerca se quedó Vía Burgalesa, sucursal del movimiento en la provincia de Burgos.

Pero a pesar de no formar parte de este naciente movimiento, y con una trayectoria más dilatada, otros dos partidos provinciales lograron grandes resultados. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprovechó el resurgir del leonesismo durante los últimos años para lograr tres procuradores, su mejor resultado en dos décadas, y configuró un grupo parlamentario conjunto con Soria Ya que ha incrementado la presencia de las reivindicaciones de ambas provincias en las sesiones plenarias de las Cortes. El otro partido provincial que logró éxito fue Por Ávila, escisión del PP en 2019, que mantuvo su el procurador que ya logró aquel año y que ha llevado la voz de las preocupaciones de la provincia a la Cámara.

La UPL confía en aprovechar ese auge del leonesismo para lograr varias alcaldías en la provincia leonesa, optando incluso a la de León capital, donde el partido fue primera fuerza en las autonómicas, y Por Ávila tiene como principal reto mantener el bastón de mando en la capital abulense. Soria Ya, por el contrario, ha optado por no presentarse a las municipales al carecer aún de estructura en el territorio. Un año frenético que ha marcado un antes y un después en la historia política de Castilla y León.