El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este lunes la entrada en vigor de la nueva Ley de rebajas tributarias de Castilla y León, que fue aprobada en el pleno de las Cortes el pasado mes de noviembre. De este modo, la Comunidad se convierte en la segunda región de España con el tipo mínimo del IRPF más bajo de España, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.

Se trata de una ambiciosa reforma fiscal que plantea una reducción de medio punto en el tramo más bajo del IRPF autonómico, que pasará de ser de un 9,5% a solo el 9%. Según el Gobierno autonómico, esa rebaja fiscal supondrá un ahorro anual de más de 20 millones, con un total de 80 en el global de la legislatura, para los contribuyentes de la Comunidad que hagan la declaración de la renta. El principal objetivo de la medida es aliviar a las familias ante la subida de los precios, especialmente a las rentas bajas y medias.

Una Ley de rebajas tributarias en la que cuenta con un papel destacado también el impulso de una fiscalidad diferenciada para el ámbito rural y el apoyo a la natalidad que se observa en el incremento de las cuantías deducibles por nacimiento o adopción en los municipios con menos de 5.000 habitantes.

En concreto, una reducción que será de un total de 1.420 euros en el primer hijo, de 2.070 en el segundo y de 3.300 desde el tercer hijo. Una cuestión en la que la Comunidad se ha convertido en punta de lanza en España, al contar, tras la aprobación de esta norma, con las deducciones más elevadas del país en el medio urbano pero también en el medio rural.

Emprendimiento en el medio rural y apoyo al sector agrario

El apoyo al emprendimiento en el ámbito rural es otra de las grandes prioridades de la reforma, ya que se plantea una mejora del tipo reducido del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados a inmuebles que se encuentren destinados a convertirse en sede social o centro de trabajo. El descenso será, en concreto, del 3% al 2% y tendrá como principal objetivo, según la Junta, el de "atraer y mantener negocios y empresas" en el ámbito rural de Castilla y León.

La norma también contempla una batería de medidas de cara a apoyar al sector agrario en el medio rural y a facilitar y estimular la continuidad de la actividad agraria y también el relevo intergeneracional. De este modo, se impulsa un tipo reducido del 4% para la transmisión de explotaciones agrarias y también una bonificación del 100% de la cuota destinada a los arrendamientos de fincas rústicas, con el propósito de equiparar su tributación a la de los arrendamientos de inmuebles urbanos.

Un aspecto polémico de la norma, que también se encuentra vinculado al mundo rural, ha sido el de la aprobación de la bonificación del 100% a la tasa general de licencias de caza y pesca con el objetivo de impulsar estas dos actividades como un auténtico "motor de desarrollo económico" para Castilla y León.