Los grupos Popular y Vox, socios en el gobierno de Castilla y León, cuestionaron hoy la idoneidad de las multas coercitivas que reclamó en las Cortes el comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, para hacer cumplir sus resoluciones. Por el contrario, PSOE, UPL-Soria ¡YA! y el Mixto (Unidas Podemos) respaldaron esta demanda, así como una mayor dotación de medios humanos y materiales, según informa Ical.

En la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes, tras presentar la memoria de 2021, el comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, aseguró que no pedía “poder sancionador”, sino el establecimiento de una “multa coercitiva”, un mecanismo en su opinión “bien contrastado” y utilizado por otros legisladores.

A su juicio se trata de un instrumento “más liviano" y que surtiría efecto con la simple comunicación al afectado, frente a la opción de la Fiscalía, que sugirió Vox. De esta forma, explicó que no pedía una reforma “absoluta” de la legislación de Transparencia de Castilla y León, sino “pequeños” retoques para poder ir dando “pasos” en esta materia y lograr mejores resultados.

Además, la oposición en pleno -PSOE, UPL-Soria ¡YA! y el Mixto (Unidas Podemos)- apoyó la exigencia de una mayor dotación de medios humanos y materiales para este órgano, adscrito al Procurador del Común, después de que Tomás Quintana reclamara más recursos para cumplir con su tarea como garante de la transparencia.

El ‘popular’ José Luis Sanz Merino sostuvo que las herramientas coercitivas no van a llevar a las pequeñas entidades locales a cumplir sus obligaciones en esta materia, porque aseguró no lo hacen por la “falta de personal cualificado”, ante unas exigencias legales que a su juicio “no se compadecen de la realidad social”.

Por ello, abogó por la “prudencia” ante la tramitación de una ley estatal en el Congreso de los Diputados, que ya ha cumplido el periodo de enmiendas, para después desarrollar una norma autonómica, que debe dar un “trato diferencial” a los pequeños ayuntamientos. “El Grupo Popular cree en la transparencia y el Gobierno autonómico no va a bajar el listón”, sentenció el procurador.

Por el contrario, el portavoz de Vox, Miguel Suárez Arca, puso en duda de que las multas coercitivas pueda resolver la falta de cumplimiento de las resoluciones, más aún cuando los principales aludidos son las entidades locales. Por ello, propuso dotar al Comisionado, como al Procurador del Común, un protocolo de actuación que incorpore el apercibimiento, así como el traslado en último término a la Fiscalía de la negativa de la institución. Además, censuró la utilización de cuestiones de autoevaluación, algo que confió no se extienda al sistema educativo.

Medios y multas

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, lamentó las “trabas” a las que se enfrenta el Comisionado desde su creación por no contar con los medios materiales y humanos necesarios, aludiendo a una “contención del gasto”, algo que a su juicio no está justificado porque afecta a una cuestión de interés público para los ciudadanos. Por ello, abogó por eliminar vicepresidencias sin funciones para ahorrar recursos. Además, celebró que Tomás Quintana haya logrado que Vox ya no pida la supresión de esta institución propia.

Gómez Urbán reclamó una reforma legislativa para establecer multas coercitivas porque algunas instituciones no entienden que cumplir las resoluciones del Comisionado de Transparencia supone garantizar el derechos de los ciudadanos a “saber”. Así, consideró grave que tanto Somacyl como el Ayuntamiento de Palencia no den respuesta al requerimiento de este órgano.

En nombre del Grupo Mixto, su portavoz, Pablo Fernández (Unidas Podemos), coincidió en la necesidad de incrementar los recursos humanos y materiales del Comisionado de la Transparencia, porque a su juicio su escasez “limita” y “constriñe” la labor de este órgano. Por ello, instó a los grupos a buscar la fórmula para reformar la legislación, para que pueda aumentar su dotación.

Además, el procurador ‘morado’ echó en falta un instrumento jurídico que obligue a hacer efectivas las resoluciones, así como un mecanismo para vigilar las obligaciones de publicidad activa, ya que aseguró esto impide que se tramite de forma eficaz las denuncias por dichos incumplimientos.

Finalmente, el representante del Grupo UPL-Soria ¡YA!, el soriano Juan Antonio Palomar consideró conveniente dotar de medios jurídicos al Comisionado para que se cumplan sus indicaciones. En su opinión, existe una “insuficiencia” en la colaboración de algunas instituciones sin que se tomen medidas para solucionarlo. A su juicio, esto constata la necesidad de que exista este órgano en la Comunidad.