Este jueves, 1 de septiembre, echa a andar el nuevo curso político en Castilla y León. Después de los tradicionales dos meses de parón por el período estival, los representantes de los ciudadanos de la Comunidad vuelven a ponerse el traje de trabajo y a encarar el nuevo período ordinario de sesiones de las Cortes autonómicas, cuyo primer pleno está previsto para los próximos días 6 y 7 de septiembre. La negociación de los presupuestos autonómicos, prorrogados desde 2021 por el anticipo electoral, y las elecciones municipales del próximo mes de mayo marcarán también el curso que empieza. Pero este no ha sido un verano al uso, como tampoco lo ha sido la política de Castilla y León desde inicios de este año. 

Las tensiones entre el Gobierno autonómico –conformado por PP y Vox en base al acuerdo del pasado 10 de marzo– y la oposición han llegado a unas cotas nunca vistas antes en una Comunidad acostumbrada a una política tranquila y sosegada. Tampoco ha estado exento el propio Ejecutivo, el primero del que forman parte en su historia los de Santiago Abascal, de fricciones internas y, en muchas ocasiones, ha llegado a dar la sensación de que las consejerías gestionadas por uno y otro partido han actuado de forma descoordinada. Para colmo, los graves incendios de este verano –que han arrasado más de 90.000 hectáreas en la Comunidad– han dado munición a la oposición para atacar a una Junta asediada políticamente desde que se conformó el Gobierno.

Un verano marcado por la gestión de los incendios

Los incendios de este verano en la Comunidad han supuesto un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo autonómico desde finales del mes de junio. El verano se inició con los devastadores efectos del incendio de la Sierra de la Culebra que llevaron a las primeras tensiones en las Cortes en el pleno del 22 de junio, en el que PP y Vox rechazaron la propuesta del PSOE de que el operativo contra incendios estuviera activo todo el año, ante la indignación de la oposición.

El mes de julio, con incendios como el de Losacio, en Zamora, o el de Quintanilla del Coco, en Burgos, la situación se descontroló y la Comunidad se vio desbordada. En ese momento, la oposición en bloque comenzó a pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por una gestión, a su juicio, "ineficaz" de los fuegos. El titular de Medio Ambiente terminó compareciendo ante las Cortes, en una comparecencia que las formaciones de la oposición consideraron insuficiente, ya que reclamaban que fuera el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el que compareciese.

La crispación se incrementaba por momentos y mientras el dirigente socialista en la región, Luis Tudanca, acusaba a Mañueco de eludir sus funciones y de pedir al presidente Pedro Sánchez "que gobernase él Castilla y León", el PP aseguraba que los socialistas habían hecho "del odio y el enfrentamiento su arma estratégica en relación a los incendios".

Mientras todo esto sucedía, Vox, el socio minoritario del Gobierno, hacía penetrar su tradicional negacionismo del cambio climático en el discurso del PP y Suárez-Quiñones llegaba a afirmar que "determinadas posiciones del ecologismo extremo" dificultaban "la limpieza del monte". Mañueco, por su parte, evitaba hablar de cambio climático y se refería a las temperaturas extremas de este verano, que agravaron los fuegos, como una "anomalía climática", dejando claro en cada discurso que la mayor parte de los incendios habían sido "provocados por la mano del hombre".

El pasado jueves, el PSOE intentó de nuevo la comparecencia de Mañueco en el pleno en la reunión de la Mesa de las Cortes pero PP y Vox votaron en contra, evitando así que el presidente diera explicaciones. Los populares aseguraron que Mañueco comparecerá después de finalizar la temporada de incendios, el 30 de septiembre, por lo que habrá que esperar al mes de octubre para que tal comparecencia se termine produciendo.

El Diálogo Social, estancado

El mes de julio acababa con una infructuosa reunión sobre el Diálogo Social en la que estuvieron presentes el vicepresidente, Juan García-Gallardo, el consejero de Industria, Mariano Veganzones, y los representantes de sindicatos y patronal. García-Gallardo aseguró, al término del encuentro, que no es incompatible el Diálogo Social con "el recorte al gasto superfluo", en referencia al hachazo de más de 20 millones, el 50% de sus subvenciones, a CCOO, UGT y la CEOE anunciado dos meses antes.

Los sindicatos calificaron el encuentro de "fracaso y paripé" mientras aseguraron que Castilla y León "tiene dos Gobiernos" y contraponían la dificultad a la hora de tratar con la Consejería de Industria y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones, de Vox, con un mayor diálogo con las consejerías del PP. A lo largo de este mes de septiembre, según anunciaron ese mismo día, se retomarán las negociaciones, que no parecen tener visos de resultar halagüeñas a tenor de los acontecimientos de los últimos meses.

La pugna por los festivos: del 2 de enero al 25 de julio

Durante el mes de agosto, el mes de parón político por antonomasia, surgió una nueva e inesperada polémica. La Consejería de Industria anunció su intención de modificar el festivo del día 2 de enero en el calendario laboral de 2023 para trasladarlo al 25 de julio, día de Santiago Apóstol, patrón de España. El anuncio de la medida por parte de esta Consejería, gestionada por Vox, generó revuelo y los sindicatos mostraron su contrariedad. 

Para CCOO y UGT el 2 de enero era un "mejor día festivo" porque beneficiaba más a "las familias", acusaban y el PP aseguraba que la decisión no estaba tomada, que era "prematuro" hablar de esa cuestión y que no había sido llevada a Consejo de Gobierno. Una situación similar a la generada con el recorte al Diálogo Social meses antes y una nueva fricción entre los socios de Gobierno. A día de hoy la medida sigue sin estar aprobada y está por ver si se llevará a alguno de los próximos Consejos de Gobierno.

Una difícil negociación de presupuestos

Una vez se reinicie el curso político deberá ponerse en marcha sin demora una negociación de los presupuestos de la Comunidad, prorrogados desde febrero de 2021, que no se prevé sencilla. Según el Estatuto de Autonomía, las nuevas cuentas deben ser presentadas en las Cortes antes del 15 de octubre, es decir, PP y Vox tienen menos de un mes y medio para ponerse de acuerdo y es previsible que ambas formaciones intenten apuntarse un tanto en sus respectivas consejerías como escaparate de cara a las próximas elecciones municipales, de mayo de 2023. 

El desarrollo de las negociaciones presupuestarias permitirá vislumbrar el futuro de la coalición de Gobierno de Castilla y León ya que, si las posiciones de ambas formaciones se enquistan en alguna de las materias en las que los dos partidos han mostrado fricciones, esto podría hacer entrever un posible adelanto electoral, incluso haciéndolo coincidir con las elecciones de mayo de 2023, en las que varias comunidades celebran comicios autonómicos. Fue precisamente una fallida negociación presupuestaria la que, a finales de 2021, hizo saltar por los aires el Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos y precipitó las elecciones del pasado 13 de febrero.

En cambio, si PP y Vox son capaces de solventar sus diferencias, ceder y llegar a acuerdos de cara a las nuevas cuentas, la robustez de la coalición se verá reforzada de cara tanto a las municipales como a las próximas generales que, como tarde, se celebrarán a principios de 2024. En esos comicios, Vox tendría la oportunidad de presentar el ejemplo castellano y leonés y su legado de gestión como modelo a seguir de cara a la configuración del próximo Gobierno de España.

Las elecciones municipales en el horizonte

El curso político que se inicia este mes de septiembre tendrá un cariz preelectoral evidente, ante la cercanía de las próximas elecciones municipales de 2023, las primeras que se celebran por separado de las autonómicas en Castilla y León. Todos los partidos se encuentran engrasando la maquinaria electoral con la cabeza puesta en esta importante cita con varias plazas de importancia en disputa. 

Por ahora, los nombres de los candidatos se están haciendo esperar y el Partido Popular, la formación aún hegemónica en el ámbito rural en Castilla y León, tiene como objetivo principal arrebatar algunas de las importantes plazas urbanas que consiguió el PSOE en las municipales de mayo de 2019, al calor de la grave crisis del PP tras los 66 escaños obtenidos en las generales del mes anterior, el peor resultado de su historia.

Actualmente, ocho de los 16 municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad están en manos de los socialistas: Valladolid, Burgos, León, Ponferrada, Segovia, Soria, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo. El PP cuenta con la alcaldía de Salamanca, Aranda de Duero y Medina del Campo, Ciudadanos la de Palencia, Izquierda Unida Zamora y los partidos locales dirigen Ávila, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda. 

Las tendencias de los últimos dos años, con un PP en sentido ascendente y un PSOE a la baja, hacen prever que esta situación pueda cambiar y que los populares puedan aspirar a recuperar algunas plazas de primer nivel, aunque es previsible que para hacerlo tengan que apoyarse en su socio autonómico, Vox. Los de García-Gallardo obtuvieron resultados muy modestos en 2019 y afrontan estos comicios municipales con experiencia de gestión y creciendo electoralmente en cada uno de los comicios a los que se presentan.

Ciudadanos parece condenado a la irrelevancia a tenor de los últimos resultados aunque la presencia mediática y protagonismo en la oposición de su procurador Francisco Igea podría permitirles contener daños, al menos en Valladolid. Situación similar tiene Unidas Podemos, partido en horas bajas y que nunca ha sabido penetrar en el tan importante ámbito rural de la región.

Los partidos provinciales, en cambio, se encuentran en un momento dulce y tanto la Unión del Pueblo Leonés (UPL) como Soria Ya están en disposición tener serias posibilidades de aspirar a las alcaldías de las capitales de sus provincias, mientras que Por Ávila podría mantenerla. Unas elecciones municipales que pondrán el colofón final a un curso político que se prevé intenso y en el que no habrá momentos para el aburrimiento.