Cuando Vox entró a formar parte del Gobierno de Castilla y León, en virtud del acuerdo con el Partido Popular del pasado 10 de marzo, su principal objetivo era utilizar la Comunidad como laboratorio de experimentación de algunas de sus medidas estrella y dejar un legado de gestión para proyectarse de cara a futuras citas electorales. Este lunes, Vox llevó esa intención a la práctica por vez primera tras el anuncio de la reducción al 50% de las subvenciones a sindicatos y patronal, por valor de más de 20 millones de euros. Una decisión que, si bien ha sido tomada por la Junta, fue capitalizada por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Mariano Veganzones, de Vox, como impulsores de la misma.

El anuncio de esta medida ha generado un auténtico terremoto político en la Comunidad y las reacciones no se han hecho esperar. Mientras el líder nacional del partido, Santiago Abascal, aplaudía la medida y avanzaba que se aplicará allí "donde Vox gobierne", la oposición regional mostraba su rechazo frontal. El dirigente socialista, Luis Tudanca, achacaba este recorte en las subvenciones a una "venganza" por el acuerdo alcanzado en Cerealto Siro con la intermediación del Ministerio de Industria y el viceportavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, negaba que el acuerdo en el seno de la Junta existiera y lo achacaba a una decisión unilateral de Vox.

Una de las banderas electorales de Vox

La eliminación de las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos ha sido una de las banderas electorales de Vox desde su fundación en diciembre de 2013, como escisión del Partido Popular. Un origen vinculado a la derecha tradicional que ha determinado que la formación defienda una política liberal en lo económico en contraposición a otros partidos de la derecha alternativa europea, con una línea más proteccionista. En su primera cita con las urnas, en las elecciones europeas de mayo de 2014, Vox ya hablaba en su programa de "eliminar gastos superfluos", si bien al tratarse de una cita europea aún no hacía una concreción detallada de esas medidas de ahorro.

Sería en las elecciones generales de diciembre de 2015, las primeras a las que concurrió Vox, con escaso éxito –logró tan solo 58.114–, en las que ya se detallasen esas medidas. En concreto, en el programa de esa cita electoral se hablaba de "revisar la totalidad de las subvenciones públicas existentes" y suprimir "sin excepción alguna y con carácter inmediato las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y
organizaciones empresariales". Una intención reiterada tras la repetición electoral de junio de 2016, con un éxito aún menor, tan solo 47.182 votos en todo el país.

Dos años después llegaría la gran irrupción de la formación, impulsada principalmente por la radicalización del proceso independentista en Cataluña y la reacción nacionalista española que aquel provocó. En las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 Vox logró 12 escaños y se convirtió en la llave para desalojar al PSOE tras 40 años de hegemonía y encumbrar a Juan Manuel Moreno, del PP, como nuevo presidente de la Junta. El acuerdo, basado en el apoyo externo de los de Abascal, obligó a Vox a reducir sus aspiraciones. En el documento se hablaba tan solo de "eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social", pero no se concretaba nada acerca de sindicatos o patronal.

En las elecciones generales de abril de 2019, y en la repetición de noviembre, la formación volvió a dar gran importancia a esta medida de "reducción del gasto superfluo". En concreto, en su programa la formación abogaba por "el fin de las subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico" y añadía que "partidos y sindicatos" deberían "ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes". En aquella ocasión, Vox alcanzaría los 52 escaños con los que cuenta en la actualidad, convirtiéndose en tercera fuerza del país, pero tampoco pudo experimentar con esta medida ya que se conformó un Gobierno de coalición de izquierdas presidido por Pedro Sánchez y dirigido por el PSOE.

El intento fallido de la Comunidad de Madrid

Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2021 en la Comunidad de Madrid, en las que Isabel Díaz Ayuso arrasó e hizo desaparecer a su anterior socio, Ciudadanos, Vox se convirtió en el socio prioritario del PP en esa región. La formación, dirigida por Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, hizo bandera de la eliminación de esas subvenciones como una de sus principales exigencias desde el primer momento, aunque sus intenciones cayeron siempre en saco roto. 

El pasado 9 de diciembre se mostró ya la tensión entre Ayuso y Monasterio por esta cuestión en el pleno de la Asamblea. La líder de Vox exigió a la presidenta madrileña la eliminación de estas subvenciones y aseguró que mientras Ayuso "habla de comunismo o libertad", en referencia a su lema de campaña, "luego riega con dinero de todos los madrileños a los sindicatos corruptos de la hoz y el martillo". La presidenta respondió que esas subvenciones respondían "a criterios objetivos" y que la labor de los sindicatos "está recogida en la Constitución".

El pasado mes de abril, Monasterio volvió a la carga y preguntó a Ayuso si iba "a seguir subvencionando a los sindicatos vendeobreros". "Espero que Ayuso sea valiente y se atreva y dé una lección clara y retire las subvenciones a aquellos que nos demuestran que no representan a los trabajadores", aseguraba la líder de Vox en esa región. Una propuesta de Vox que fue tumbada por el PP madrileño, encabezado por Ayuso. La capacidad de acción de la formación allí es limitada, ya que el PP cuenta con 65 escaños, a solo cuatro de la mayoría absoluta, mientras que Vox tiene 13.

Castilla y León: experimento y espejo para Andalucía

Las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León cambiaron las tornas y abrieron una ventana de oportunidad a la formación de Abascal. Vox entró por primera vez en un Gobierno desde su formación y con una posición de fuerza que le permitió imponer algunas de sus medidas prioritarias. El PP obtuvo 31 escaños, a 10 de la mayoría absoluta, mientras que Vox, con 13, consiguió la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías: Industria y Empleo, Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo.

En el acuerdo de Gobierno entre ambos partidos, alcanzado el pasado 10 de marzo, si bien no se hacía mención concretamente a estas subvenciones, si que se hablaba de "una reducción significativa del gasto institucional superfluo y una supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos". Una intención sobre la que se basó este lunes el anuncio de la reducción de las subvenciones a sindicatos y patronal al 50%, por valor de más de 20 millones de euros. Vox consigue impulsar esta medida después de ocho años infructuosos y experimentar con ella de cara a impulsarse en futuras elecciones, las más próximas las de Andalucía del 19 de junio.

La medida anunciada en Castilla y León ya está empezando a dar que hablar en la campaña andaluza y ayer mismo Vox Andalucía se hacía eco de la medida y anunciaba su intención de aplicarla también en esa región si finalmente logran configurar un Ejecutivo de coalición similar al que dirigen Mañueco y Gallardo. "¡Que se preparen en Andalucía los sindicatos de las mariscadas! Con VOX en San Telmo, el dinero de los andaluces se destinará a pagar lo verdaderamente importante y no la fiesta de UGT y CCOO", aseguraba la formación. Andalucía es, además, terreno abonado para este tipo de iniciativas políticas tras casos como el de los ERE, con varios dirigentes sindicales imputados en un millonario caso de malversación. El próximo domingo, el resultado de las urnas andaluzas determinará si esta medida se extiende fuera de las fronteras de Castilla y León, el laboratorio de experimentación de Vox.