Los secretarios generales de las distintas consejerías de la Junta remitirán a la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Carlos Fernández Carriedo, las propuestas de texto de sus departamentos para el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León en 2023, cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de ley consideren procedente, con fecha máxima de remisión el 24 de junio, según informa Ical.

Así lo establece la orden publicada hoy en el Bocyl por la que se dictan las normas para la elaboración de las cuentas generales de la Comunidad para el próximo año. De este modo se pone en marcha el procedimiento anual para que los presupuestos puedan ver la luz en el mes de octubre y ser aprobados en las Cortes antes de final de año.

La Junta expone en la orden que estos dos últimos años han sido “especialmente complicados” y destaca que Castilla y León ha afrontado “mejor que otros la triple crisis sanitaria, social y económica en que nos ha envuelto la pandemia”. Sin embargo, sostiene que el “agravamiento de la crisis que se anticipaba desde finales de 2021” mantiene a la Comunidad en un escenario “difícil, de deterioro de las expectativas, vinculado a la evolución de algunos riesgos”, como la inflación, “con las peores cifras de los últimos 29 años”, los altos costes de la energía y de las materias primas, el problema de la escasez de stocks y las dificultades de abastecimiento en algunos productos. En este sentido, señala el Gobierno autonómico que “ya está abordando” esta situación y confío en que permita unos niveles de crecimiento que “sitúen a la Comunidad entre las que consigan recuperar el nivel del PIB previo a la pandemia”.

A juicio de la Junta, el principal objetivo es “recuperar cuanto antes los niveles de actividad previos a la pandemia y promover una transformación necesaria que coloque a todos los sectores productivos de Castilla y León en la senda del crecimiento sostenible, generando empleo de calidad, aprovechando las oportunidades que nos ofrecen los nuevos fondos europeos para continuar promoviendo la cohesión y la recuperación económica, minimizando la crisis en términos de PIB y Empleo”.

En este sentido, considera que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 deben ser el “mecanismo dinamizador capaz de garantizar una Castilla y León competitiva, innovadora, que garantiza unos servicios públicos de calidad, especialmente los vinculados a la atención a las personas, y una fiscalidad favorable”.

“Debe estar comprometida con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo”, subraya la orden, “en estrecha colaboración con las entidades locales, que defiende los intereses regionales en el marco de la Unión Europea, y con un claro objetivo y referente que son las personas”.

Líneas fundamentales

La asignación de los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrá como líneas fundamentales el desarrollo de una política fiscal “inteligente y moderada, que nos permita crecer, y que apoye de manera especial a las familias y al mundo rural”.

También, “consolidar una política presupuestaria que refuerce el liderazgo de la Comunidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad adaptados al territorio, profundizando en el avance de la conciliación y en la igualdad de oportunidades, manteniendo un uso responsable de la deuda y el control del déficit público”.

En tercer lugar, pretende impulsar la modernización y el fortalecimiento del tejido empresarial desde la sostenibilidad, “facilitando una financiación empresarial suficiente y adecuada a las necesidades del crecimiento empresarial”. En cuarto, apoyar la transformación digital de la economía y de la sociedad, “generando un clima favorable a la inversión y el refuerzo de la competitividad de las empresas”. Y por último, promover la actividad económica y el empleo “contribuyendo a la cohesión territorial y a la reducción de los desequilibrios como base del bienestar social en cooperación con las entidades locales”.

En este contexto, la Junta considera fundamental aprovechar la oportunidad que ofrecen los nuevos fondos europeos. “Esta priorización se realizará conforme a las directrices de la Junta de Castilla y León, garantizando, en todo caso, la cobertura de los compromisos ya adquiridos y la realización de las actuaciones cofinanciadas con recursos de carácter finalista, tanto de la Unión Europea como de otras administraciones y entes”, señala la orden.

Para concluir, el departamento de Fernández Carriedo otorga autorizaciones a la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística para realizar las modificaciones que procedan “en lo referente a la clasificación orgánica, funcional y económica y criterios de imputación de gastos e ingresos”; recabar los informes que considere necesarios para determinar la realidad económica financiera de los centros gestores incluidos en el presupuesto; y desarrollar y aclarar las normas, “a cuyos efectos podrá dictar las instrucciones que se consideren necesarias”.