Ante las declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre lo que considera “retroceso” en materia de lucha contra la violencia de género en Castilla y León por no adherirse al protocolo de atención y derivación de las víctimas de violencia de género de su Ministerio, la Junta de Castilla y León ha querido responderla con una serie de datos y argumentos.

 Según el comunicado recogido por este medio, el 16 de febrero de 2022, el Gobierno central remitió dicho protocolo a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Así, con fecha de 3 de marzo de 2022 se dio respuesta desde la citada Consejería al Ministerio manifestando que no se iba a suscribir el protocolo propuesto, “ya que en Castilla y León ya se estaban ejecutando las medidas incluidas en el documento”, en virtud de un acuerdo suscrito entre la Junta y el Tribunal Superior de Justicia el 26 de marzo de 2016.

“Que de haberse adherido la Junta al protocolo del Ministerio, se habría incurrido en una situación de duplicidad porque ya se estaba prestando dicha atención. Además, Castilla y León ha demostrado siempre su compromiso desde hace años y por delante de otras comunidades, en materia de lucha contra la violencia de género, como demuestra el acuerdo pionero firmado entre la Junta y la Delegación del Gobierno de Castilla y León en octubre de 2020 para potenciar la actuación e intervención de oficio ante posibles casos de violencia de género en los que no exista denuncia”.

"Malintencionadas y con falta de rigor"

 Por todo lo expuesto anteriormente, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, considera que “las declaraciones de la ministra, realizadas varios meses después de recibir las explicaciones oportunas, son absolutamente tendenciosas,  malintencionadas y con falta de rigor".