La Junta de Castilla y León denunciará al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante la Unión Europea por excluir al Gobierno de la Comunidad del reparto de fondos para proyectos pilotos desarrollados por las comunidades para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Así lo aseguró hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, en declaraciones ofrecidas a los medios, y recogidas por Ical, durante su visita a la residencia juvenil José Montero de Valladolid, donde no descartó emprender acciones judiciales, a través de una demanda contra el Gobierno, por esta cuestión.

“Entendemos que no ha habido transparencia ni concurrencia y que se está perjudicando claramente a los ciudadanos de Castilla y León, especialmente a las familias más vulnerables que necesitan salir de esa situación de exclusión”, declaró Blanco, que señaló que, por ello, manifestarán en primer lugar su “queja formal” al Ministerio, al que además solicitarán los expedientes aprobados “para ver en qué son diferentes al nuestro y porqué a unos sí y a otros no”.

Y es que, como denunció Blanco, aunque la Junta no recibió el visto bueno del Ministerio de Inclusión para recibir los fondos, “otras comunidades, como Navarra, han recibido dos proyectos en las dos convocatorias”, cuando a la primera no pudo concurrir Castilla y León debido a que se trató de una resolución para la que “no hubo convocatoria pública”.

“Protestamos porque se dio dinero a unas determinadas comunidades y entidades y nos dijeron que saldría una nueva concurrencia para las comunidades que no habíamos obtenido fondos en esa convocatoria”, recordó entonces Blanco, apuntando que, por ello, desde su departamento se pusieron a trabajar desde enero en ese proyecto piloto para conseguir los fondos.

En concreto, la iniciativa de la Junta consistía en tomar una muestra de 3.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunidad para analizar con cada uno de ellos su situación personal y ver hacia qué proyectos de inclusión era más fácil dirigir los fondos, con el objetivo final de “reconducir la situación de esas familias para que salgan de la exclusión”.

Sin embargo, el pasado día 17 de mayo la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades recibió una comunicación del Ministerio de Inclusión por la que se les informaba que no habían recibido el visto bueno para recibir los fondos “porque los objetivos no se ajustan a los que el Ministerio tiene”, motivo por el que la Junta elevará una queja al Gobierno, denunciará la situación ante la UE y no descarta emprender acciones judiciales.

Gestión de IMV y Renta Garantizada

La consejera también aprovechó la cuestión para volver a solicitar al Gobierno que traspase la gestión del Ingreso Mínimo Vital a su Consejería porque “la mejor forma de coordinarlo con la Renta Garantizada de Ciudadanía es que haya una única administración que gestione” esas ayudas para ver “la compatibilidad entre una y otra”.

“Lo hemos reclamado en innumerables ocasiones, de manera pública y por escrito”, recordó Blanco, apuntando que la Junta lleva “diez años” gestionando la Renta Garantizada de Ciudadanía y que, por ello, “los números nos avalan”.

Sin embargo, aún no recibieron respuesta por parte del Ministerio, por lo que Blanco espera que su titular “se reúna en algún momento con nosotros, nos escuche y podamos coordinar estas actuaciones” dado que estos proyectos “no son buenos para Junta o Ministerio, sino para los ciudadanos de Castilla y León, especialmente los que más lo necesitan”.