Durante el año pasado, 433 parejas eligieron contraer matrimonio en alguna de las notarías de Castilla y León, y otras 358 firmaron en ellas su separación o divorcio. Estas cifras suponen un aumento del 134% en el número de bodas celebradas ante notario con respecto a 2020, año en que el confinamiento y la mayor crudeza de la pandemia redujeron a 185 los matrimonios registrados en las notarías de la comunidad autónoma.

Así, el auge experimentado en 2021 representa un aumento del 37% respecto a las bodas celebradas en 2019 y apunta a un mayor crecimiento futuro, tal y como ha comunicado el Colegio Notarial de Castilla y León a través de un comunicado.

Desde que en julio de 2015 entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria que, entre otros muchos aspectos, amplió las competencias del notariado a la celebración de bodas y la tramitación de separaciones y divorcios, aquéllas han pasado de 12 a 433, y éstos, de 54 a 358, hasta totalizar 1.406 y 1.745, respectivamente, en estos siete años en Castilla y León.

Seguridad jurídica y agilidad

El decano del Colegio Notarial de Castilla y León, Leopoldo Martínez de Salinas, ha destacado que “la intervención notarial en los procedimientos matrimoniales es cada vez más conocida y reconocida, y expresa la confianza creciente del ciudadano en el notario”.

Asimismo, ha subrayado que en las bodas ante notario se aporta un plus de seguridad jurídica, ya que en ese proceso “se determina el régimen económico matrimonial”. Además, desde mayo de 2021 ya se puede tramitar por vía notarial el expediente matrimonial sin tener que acudir al Registro Civil, lo que redunda en una mayor agilidad del procedimiento.

El objeto de dicho expediente es comprobar que los futuros contrayentes reúnen todos los requisitos legales para poder casarse, es decir, que tienen la capacidad suficiente, que no existe otro matrimonio y que no hay parentescos prohibidos entre ellos.

Garantías legales en los divorcios

En el caso de las separaciones y divorcios, solo es posible efectuar el trámite notarial si los cónyuges están de acuerdo y no tienen hijos menores ni personas con capacidad modificada judicialmente a su cargo.

Antes de incorporar un divorcio a la escritura pública, el notario, al igual que hace el juez, comprueba que el convenio regulador de la suspensión de la vida en común acordado por las partes se atiene a derecho y es equitativo para los dos miembros de la pareja y no discrimina a ninguno de ellos.