El Partido Animalista PACMA ha denunciado públicamente la opacidad administrativa que rodea a las explotaciones destinadas a la cría y venta de animales para empleo cinegético en Castilla y León. Estas granjas tienen como función principal la reproducción de especies incluidas en el catálogo de caza para su posterior venta y suelta en cotos con objetivos de repoblación y perpetuación de la actividad. La Administración está obligada a mantener actualizado su registro, y los datos publicados.

PACMA asegura a través de un comunicado que no ha recibido respuesta alguna del MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) sobre la inexistencia de un registro público y accesible para los ciudadanos sobre el número de explotaciones destinadas a este fin en varias comunidades autónomas de España, incluyendo Castilla y León. La publicación de este tipo de datos en el REGA (Registro General de Explotaciones Ganaderas) es obligatorio y su acceso debe estar siempre disponible para ser consultado.

Según datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León, en la temporada 2020 – 2021 se cazaron, a pesar de las restricciones establecidas por la pandemia, más 1.700.000 animales, entre los cuales figuran 53.013 jabalíes, 32.374 zorros, 431.112 conejos, más de medio millón de codornices y 59 lobos ibéricos.

Según declaraciones de PACMA «esto es un conteo orientativo, pues aquí no se incluye a los animales capturados por los furtivos o aquellos que simplemente no tienen ganas de hacer notificaciones a la Junta».

El Partido Animalista ha aseverado que «es muy grave que la Administración muestre tal indiferencia ante el rigor de los datos sobre estas granjas, teniendo en cuenta que la caza es una actividad muy subvencionada en Castilla y León y que uno de sus principales fundamentos es, dicen, el control de especies».

Los criaderos de especies cinegéticas en España: un tema polémico

PACMA ha apuntado que «no se entiende que la caza ponga una de sus principales razones de ser en la regulación de sobrepoblaciones cuando existen en España cerca de 800 granjas cinegéticas, que se encargan de repoblar los territorios para garantizar que siempre haya presas. Es una burla». Para la formación animalista «son estos descontroles ocasionados por las granjas y los cazadores los que repercuten en desequilibrios para el ecosistema, y luego se culpa a los animales y se amplían los cupos para poder matarlos».

El partido, que defiende la protección animal y medioambiental, ha añadido que «a sabiendas del dinero público que se destina a la caza en Castilla y León, lo mínimo sería que se esclareciese a qué se destina y cuál es la necesidad de invertirlo en algo como esto».

El Partido Animalista se encuentra actualmente en trámites administrativos para conseguir que la normativa se lleve a cabo, se realice un censo «verídico» de este tipo de explotaciones y se ponga la información al servicio de la ciudadanía.