Castilla y León vuelve a iniciar el año con el presupuesto prorrogado, algo que se repite por sexta vez en la historia de la Comunidad con la particularidad, en este caso, de que la medida está motivada por la disolución de las Cortes y por el adelanto electoral que se produjo precisamente a dos días del pleno de debate de las enmiendas parciales de las cuentas que negociaba el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos --hasta el 20 de diciembre-- con Por Ávila.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019 o en 2020, cuando ni siquiera se tramitaron, en esta ocasión la Junta de Castilla y León sí había llegado a presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2022, que ascendían a 12.835 millones de euros, la cantidad más alta de la historia de la autonomía.

De hecho, las cuentas de 2022 habían sorteado gran parte de la tramitación parlamentaria y sólo estaban a expensas del debate de las enmiendas parciales en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre, 1.771 a las cuentas y 67 al articulado, debate que quedó truncado por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes, vigente desde el martes 21.

De este modo, Castilla y León comienza el año con la prórroga de las cuentas de 2021, que tampoco vieron la luz el 1 de enero, como acostumbra la tradición, ya que las del pasado ejercicio fueron aprobadas el 10 de febrero cuando se dio el visto bueno a un presupuesto de 12.291 millones, el que se prorroga ahora, situación que se mantendrá hasta que el Gobierno que salga de las urnas presente otras cuentas y sean refrendadas por el nuevo Parlamento.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 30 de diciembre, la prórroga presupuestaria de 2021 a través de un Decreto que regula las condiciones y garantiza la ejecución de los fondos Next Generation y de los correspondientes a fondos europeos del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 y cualquier transferencia finalista asignada durante el periodo de prórroga, como ha asegurado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Para ello, el Decreto establece la prolongación de los créditos iniciales de 2021 en todos los capítulos y, de forma específica, los asociados a los compromisos realizados por la Junta hasta este momento, así como aquellos que resulten imprescindibles para atender los servicios públicos, facilitar la gestión administrativa y garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Antecedentes

Las anteriores prórrogas presupuestarias fueron: la triple prórroga del presupuesto de 2018 con el que echó a andar 2021 --otra situación inédita en la historia de la Comunidad--; la de 2011 para 2012 y la de 2016 para 2017, si bien en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no ocurrió ni en el ejercicio de 2018 para 2019 ni en el de 2019 para 2020.

El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera optó por la prórroga en dos ocasiones, la primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones generales a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el siguiente año, y en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que envió el Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar ni el objetivo de déficit ni el de deuda y sin apoyos para aprobar las cuentas estatales.

El Decreto de Prórroga de los presupuestos de 2012 obligó a los consejeros a pedir autorización para hacer gastos previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación --las únicas excepciones fueron las Cortes, el Consultivo y la PAC-- mientras que la segunda se optó por una prórroga presupuestaria "muy transitoria" y "blanda" para garantizar los gastos de funcionamiento de las consejerías.

Según explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, en 2011 la Junta tuvo que prepararse "con mucho cuidado y esmero" aquel Decreto de prórroga presupuestaria en el que se basó para el Decreto de 2016 "muy similar" en las instrucciones técnicas pero sin "tantas trabas" a determinados gastos ya que las circunstancias económicas y presupuestarias habían cambiado respecto a aquel año 2012 cuando la Junta declaró "indisponibles" tantos recursos como fueran necesarios para respetar el objetivo de estabilidad de ese ejercicio.

La prórroga de los presupuestos de 2011 se prolongó hasta el 25 de mayo aprobó el Proyecto de Presupuestos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 que ascendía a 9.720 millones de euros, un 3,24 por ciento menos, y se situó en niveles de 2007.

En el segundo caso (de 2016 a 2017) el nuevo presupuesto se aprobó el 23 de junio por un montante total de 10.293,18 millones de euros, un 4,7 por ciento más.

La tercera prórroga se produjo de 2018 para 2019, entonces la Junta justificó la decisión de no presentar el proyecto en la falta de datos ciertos para elaborar una previsión de ingresos y gastos fiable ante la carencia, a su vez, del correspondiente proyecto de presupuestos generales del Estado.