Era cuestión de tiempo y de que el Boletín Oficial del Estado lo publicara. Y así ha sido hoy. El BOE ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno central al pago de las cantidades correspondientes a las comunidades autónomas por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación correspondientes al IVA del año 2017.  Y que el en caso de Castilla y León asciende a 182 millones de euros. Una vieja reivindicación del Gobierno de Mañueco que por fin ve la luz.

"Desde el pasado 19 de abril, esperamos que el Gobierno de España se dirija a nosotros y nos notifique el pago de estos 182 millones de €, que son de todas las personas de Castilla y León y que dedicaremos por completo a ayudar a los sectores que más han sufrido la pandemia", ha publicado esta misma mañana el presidente de la Junta en Twitter al conocerse la publicación. 

El fallo de la sentencia hace referencia a las cantidades debidas a la Comunidad en la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA, que suman 182 millones de euros, así como a los intereses computados desde la fecha en Castilla y León formuló el requerimiento -10 de julio de 2020- y hasta el momento en que se haga efectiva la compensación a la Comunidad.

Concretamente, los intereses legales correspondientes a las cantidades reclamadas ascienden a 455.000 euros al mes -el 3 % del total-, por lo que, hasta el momento, la cantidad a abonar suma 6,2 millones de euros.

De esta manera, el TS ha reconocido en el dictamen emitido el pasado mes de abril que la Junta de Castilla y León intentó llegar a una solución consensuada previa a la judicial y llevó a cabo numerosos intentos en el marco de la lealtad institucional para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan. 

Satisfación en la Junta

En la demanda judicial, el Gobierno de Fernández Mañueco exigía al Gobierno de España que se pagaran las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA. La Junta ya ofreció en su día su valoración sobre esta sentencia del Alto Tribunal, que en sus palabras «viene a reconocer la importancia de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso». «Como se ha demostrado, la Junta de Castilla y León, en todo momento, ha intentado llegar a una solución consensuada previa a la judicial, y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación correspondientes al IVA».