El secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y secretario del Consejo Andaluz, Rafael del Olmo, ha señalado que existe "cierta tensión social" dentro de las comunidades de vecinos en relación a la apertura de las piscinas este verano debido a las limitaciones de aforo y las exigencias sanitarias establecidas para evitar el contagio del Covid-19.

Así, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que las piscinas "pueden y deben de abrirse" pero el problema "son las exigencia que se han establecido en las últimas normativas que reducen el aforo al 30%, lo que significa que en una piscina donde entraban cien personas este año van a poder entrar solo 30 al día". Además, "hay que mantener una distancia de seguridad, lo que determina que se generen parcelas de dos metros cuadrados para cada usuario, es decir, un 30% de aforo pero solamente si hay espacio para dos metros cuadrados por persona".

A esto "se suman unas exigencias de carácter sanitario como tres limpiezas al día de los elementos de más uso como las escalerillas, las corcheras, los tiradores de la puertas, etcétera, que pueden estar contempladas o no en el presupuesto de la piscina, pero sin las que no se puede abrir". Por tanto, "por una lado está la limitación de aforo y, por otro, la limitación de carácter económico", de modo que "los vecinos están valorando si dentro de ese contexto de superficie reducida y de gasto incrementado al final merece este año abrir o no las piscinas".

"Hay un grupo importante de comunidades que han decidido no abrirlas y otras donde el debate interno es tremendo", ha asegurado Del Olmo, que ha precisado que a los administradores de fincas colegiados esta situación les "afecta mucho" porque "ni tenemos las herramientas legales suficientes como para hacer frente a esa situación ni tampoco somos capaces, a veces, de satisfacer esa inquietud".

A todo este contexto "tan extremo" se suma el hecho de que las juntas de propietarios "no se pueden reunir, porque solo es posible agrupar hasta a 15 personas" por lo que "si una comunidad tiene 80, 100 o 200 pisos resulta imposible que se reúna, que tome decisiones y que apruebe la emisión de cuotas extraordinarias porque el presidente 'per se' no las puede emitir".

De este modo, continúa, "se está reconduciendo la decisión final a la figura del presidente, que es la única persona que representa a la comunicad en juicio y fuera de juicio y que sería la que finalmente tomase este tipo de decisiones, con lo que ello supone de cierta tensión social dentro de las comunidades".

Ante esta situación, Del Olmo ha explicado que "se plantea el turno rotatorio por portal y piso, el turno de reserva o la utilización de una 'app', que no están todas bien terminadas ni está perfeccionadas para que tengamos la garantía de que nos va a resolver el problema y no lo va a agudizar".

Por tanto "estamos trabajando sobre diferentes escenarios en donde en unas comunidades más pequeñas se va a confiar en que las personas respeten la superficie y los turnos establecidos sin que haya un controlador, mientras que en otras comunidades el controlador será imprescindible por el número de personas". "Y además combinando todo los factores de reserva apriorística o de distribución de la superficie por turnos de portal y piso", concluye.