Los sindicatos UGT y CCOO han roto la negociación del cuarto convenio regional de ayuda a domicilio ante el "inmovilismo" de la patronal después de casi un año y diez reuniones sin que se haya producido avance alguno.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, quien ha criticado que la patronal lleve "un año sin moverse".

En concreto, ha señalado que la negociación se ha "estancado" ante la única oferta de la patronal de un incremento salarial del 0,5 por ciento, cuando en los convenios estatales las subidas son de entre 2,5 y 3,5, algo que después no se quiere recoger en los sectoriales, por lo que UGT y CCOO han decidido romper la negociación.

Pérez Urueña ha señalado además que la patronal no quiere reconocer el tiempo de desplazamiento que utilizan las trabajadoras --la mayoría en el sector son mujeres-- para acudir de un domicilio a otro, algo que ha criticado, ya que se ha logrado que los ayuntamientos y las diputaciones lo recojan en sus pliegos pero las empresas no quieren reflejarlo en convenio.

El responsable de UGT ha asegurado que la mayoría de las ganancias de las empresas están en "lo que no pagan", como estos desplazamientos, lo que les permite optar a los conciertos con administraciones a la baja.

Pérez Urueña ha criticado que todos los políticos hablen de la dependencia como un "nicho" de empleo que tiene futuro y cada vez se tienen menos derechos y sueldos. "La patronal no ha modificado sus pretensiones ni un ápice desde el inicio y nos ha demostrado una total falta de empatía y flexibilidad con relación a nuestras propuestas", ha asegurado en un comunicado UGT.

"TOMADURA DE PELO"

Por su parte, la secretaria de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Castilla y León, Lourdes Herrero, ha incidido en el volumen de afectadas, unas 5.200 personas que atienden a 22.500, que se encuentran en una situación precaria y un altísimo porcentaje a tiempo parcial "no deseado", sobre todo en las zonas que afectan a las diputaciones, ya que la mayoría trabajan para empresas adjudicatarias de concesiones municipales y provinciales (en Castilla y León hay 21 contratas).

Herrero ha criticado la actitud de la patronal, que considera "una tomadura de pelo", a sabiendas de que hubo un preacuerdo en el Servicio de Relaciones Laborales ante una convocatoria de huelga con planteamientos "muy superiores" y una situación muy diferente.

En esta línea, tras insistir igual que UGT en que estas empresas van a las licitaciones "a la baja", ha asegurado que no están dispuestos a firmar un convenio que no suponga un incremento salarial, que los sindicatos reclaman que sea de un 3 por ciento en los próximos cuatro años, con un 2 en el primero.

Así, ha rechazado el 0,5 por ciento que propone la patronal y ha agregado que tampoco están dispuestos a que haya demora alguna en el objetivo de que se compute el tiempo de desplazamiento como trabajado.

Además, la responsable de CCOO ha incidido en que la situación de estas trabajadoras debe mejorar al igual que la de las empresas y los empleados públicos, todo ello en recuperación, ya que la situación es "muy diferente" a la de años atrás y ha recordado que en 2019 la subida media de los convenios ha sido del 2,33 por ciento.

UGT y CCOO tienen previsto anunciar movilizaciones tras romperse estas negociaciones después de casi un año de negociaciones tras muchísimos años sin subidas salariales y sólo un 2 por ciento en los últimos tres años (2017 al 2019) durante la prórroga del convenio anterior que rubricó sólo UGT.