Cerca de 200 trabajadores, en su mayoría mujeres, del sector de la dependencia se ha concentrado este miércoles en Valladolid para demandar un convenio más justo y dignificar una profesión en la que denuncian hay "constantes abusos" por los empresarios y en los que casi un 60 por ciento de las empleadas acuden a trabajar se tienen que "drogar", al automedicarse, para aguantar la presión.

Así lo han señalado los responsables de UGT y CCOO en el marco de una concentración --convocadas en todo el Estado-- que se ha desarrollado frente a la sede de la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia en Castilla y León (Acalerte), ubicada en la céntrica calle Santiago de Valladolid.

Allí han mostrado una pancarta en la que se podía leer "Por una negociación seria, justa y coherente" y han coreado gritos como somos las esclavas del siglo XXI", "basta ya de tanto abuso" o "somos cuidadoras no fregonas".

En este contexto, Luis Álvarez, de CCOO Castilla y León, ha explicado que la demanda es la de un convenio "más justo y más equitativo", que afectaría a unas 37.500 empleados en la Comunidad, en un sector "muy complicado, excesivamente feminizado", donde los "abusos" por parte empresarial "son constantes", al igual que el "incumplimiento" de convenios.

En este sentido, ha criticado el retraso en la aplicación de convenios y la "avaricia empresarial" en la negociación del actual, ya que lo único que pretende "es reducir las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector de la dependencia".

Además, ha señalado que en Castilla y León a esto se suma una situación "grave" con respecto a los derechos democráticos en las residencias que son "vulnerados permanentemente" por todas las empresas en este sector.

De esta forma, se da la circunstancia de que hay mujeres que trabajan en residencias de pueblos pequeños donde la única salida laboral es esa y por ello "consienten determinados abusos", algo que no debería ocurrir.

Álvarez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha concretado que la demanda es que después de muchos años en los que los únicos avances salariales han sido no perder poder adquisitivo, ahora se trata de superar "ampliamente" los 1.000 euros, algo que ya hacen la mayoría categoría excepto dos pero en lo que quieren avanzar.

El responsable de CCOO ha culpado de la situación a una patronal "troglodita" cuyo único objetivo es reducir las mejoras conseguidas hasta este momento en una cuestión que también tiene una dimensión política y social porque los empresarios "viven de las subvenciones del Estado", son "incapaces de invertir" y una "banda de subcontratados".

En este sentido, la secretaria del Sector Sociosanitario y Dependencia de UGT Castilla y León, Fonsi Bonafonte Calama, ha criticado que se haya hecho negocio del cuidado de las personas, que tenía que ser un servicio público y se ha "mercantilizado", sin que interese la calidad ni cómo o quién da el servicio.

"Trabajadoras drogadas" 

Además, ha asegurado que según un estudio de su sindicato sobre salud laboral de las trabajadoras de residencia el 60 por ciento de ellas van a sus puestos automedicadas o "si se quiere decir más fuerte, se tienen que drogar para poder aguantar la situación de la tensión y los esfuerzos que se realizan en los centros residenciales".

Asimismo, Bonafonte ha explicado que no sólo se movilizan por la cuestión económica, sino porque el trabajo de cuidados "descansa en la precariedad laboral de las espaldas de las trabajadoras" y las mujeres están medicadas por su sobrecarga y esfuerzos, además de situaciones psicológicas de estrés y ansiedad.

A este respecto, ha afirmado que las bajas que se generan en la mayoría de las residencias no son sustituidas, igual que ocurre con las vacaciones y permisos, algo que quieren que se acabe.

Precisamente por esta situación y por el miedo al despido muchas trabajadoras no han podido acudir a la protesta, según Bonafonte, quien ha afirmado que con la nueva ley se pueden ver abocadas a perder su trabajo porque sus sobrecargas suponen un 58 por ciento de las bajas.

Por ello, ha recordado a las administraciones públicas que el derecho al cuidado es un "derecho fundamental" que tienen que proteger y ha reclamado una "conciencia colectiva" en torno a ello ante la discriminación existente, ya que este tipo de empleo, que está feminizado tiene situaciones sociales que se "tienden a negar y ocultar".

"Ya está bien", ha añadido la responsable de UGT, quien ha reclamado la dignificación del trabajo, un "prestigio social", una financiación suficiente de la dependencia y que se reduzca el desequilibrio entre las comunidades autónomas y el Estado porque las trabajadoras no tienen que "soportar" la carga de cumplir con el Estado del Bienestar, algo que incluso genera "discapacidad sobrevenida" en mujeres jóvenes, lo que va a "pasar factura" al sistema.