El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía el caso de un total de 19 ayuntamientos de toda España por entorpecer su trabajo al ignorar los diferentes requerimientos de información. De todos ellos, uno está la provincia de León: Matallana de Torío.

El expediente de la localidad leonesa ya está en poder de la Fiscalía General del Estado por presunta obstaculización de la labor del Defensor del Pueblo por parte de su alcalde, para que sea el Ministerio Público quien determine qué acciones aplicar.

El resto de municipios recogidos en el informe del Defensor del Pueblo sobre 2017 son: Arganda del Rey (Madrid), Barbastro (Huesca), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), Colmenar de Oreja (Madrid), Cudillero (Asturias), Gilet (Valencia), Gondomar (Pontevedra) y Gozón (Asturias), La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife), Mojácar (Almería), Noblejas (Toledo), Porto do Son (A Coruña), Reus (Tarragona), Salas (Asturias), Talavera de la Reina (Toledo), Tarifa (Cádiz), Vejer de la Frontera (Cádiz) y Zalamea de la Serena (Badajoz).

El Defensor del Pueblo ha recordado que la ley obliga a que las administraciones respondan ante sus requerimientos y ofrezca la información que necesite para poder actuar.